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El Derecho Regulatorio, desde la Perspectiva Constitucional

EL DERECHO REGULATORIO DESDE LA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL

La Academia Boliviana de Estudios Constitucionales entrega una nueva obra colectiva: “El Derecho Regulatorio, desde la perspectiva constitucional”, cuyos trabajos abordan su nacimiento, régimen legal, función que cumple en el ordenamiento jurídico, y los aspectos más relevantes de la Superintendencia General y las Superintendencias Sectoriales.

Los trabajos realizados constituyen un aporte importante no sólo para los académicos y operadores jurídicos, sino también para el pueblo boliviano que necesita saber cuál es su naturaleza jurídica, ventajas y desventajas, virtudes y defectos. La obra “El Derecho Regulatorio”, desde la perspectiva constitucional”; busca contribuir al debate, la difusión y la socialización de esta nueva parcela jurídica.

El nacimiento del Derecho Regulatorio boliviano, hijo del Derecho Administrativo, se remonta al Decreto Supremo Nº 21060, de fecha 29 de agosto de 1985, que inauguró el actual modelo económico y, paulatinamente, el traspaso de los servicios públicos en cuanto a su prestación y regulación ha cambiado radicalmente. Este proceso de transformación de la economía nacional se consolidó con la llamada capitalización de las empresas del Estado y el nacimiento de la regulación de los servicios públicos a cargo de la Superintendencia General y las Superintendencias Sectoriales.

Con anterioridad a la capitalización, los servicios públicos eran prestados directamente por las empresas públicas y, por tanto, la atención de las reclamaciones de los usuarios o consumidores no tenía una estructura definida y respondía al criterio gerencial y político del presidente o gerente de turno.

El sistema regulatorio (SIRESE), fue constituido para regular, controlar y supervisar las actividades de los sectores de electricidad, hidrocarburos, aguas, telecomunicaciones, transportes, servicio civil, básicamente de promover y defender la competencia, otorgar derechos, aprobar tarifas, verificar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas, resolver las reclamaciones de los usuarios, los conflictos entre empresas y las impugnaciones presentadas por los usuarios, las empresas y el Estado.

La Ley Nº 2410 de Necesidad de Reformas a la Constitución Política del Estado, establece que las Superintendencias, como parte del Poder Ejecutivo, son personas jurídicas de Derecho Público con jurisdicción nacional, autonomía de gestión técnica, administrativa y económica, y están sujetas a la fiscalización del Poder Legislativo. Este reconocimiento constitucional- en cuanto concluya el proceso de la reforma-no sólo legítima del novel Derecho Regulatorio en Bolivia, sino que moderniza la administración pública, y, por ende, cualifica los servicios públicos.

Aunque ambivalente en algunos casos, el Tribunal Constitucional ha contribuido a consolidar esta parcela jurídica. En la SC Nº 0771/2003, por ejemplo, establece el principio de que “entre los pilares básicos del Estado de Derecho, se encuentran: a) El sometimiento de la actuación estatal al orden jurídico y b) El control judicial de la actuación estatal” y que la discrecionalidad administrativa no implica ausencia de control, menos arbitrariedad, sino una discrecionalidad jurídicamente vinculada a los principios de objetividad, y razonabilidad.

La Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, considera que los trabajos reunidos en esta publicación no sólo tienen profundidad y rigor científico, sino también utilidad práctica y esperamos contribuir al desarrollo y afirmación de la conciencia constitucional de los bolivianos.

Con esta publicación celebramos los cambios en la administración pública, la consolidación del sistema democrático y el perfeccionamiento del Estado Social y Democrático de Derecho.

 

 

William Herrera Añez

PRESIDENTE

ACADEMIA BOLIVIANA DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES

 

 

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