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Cooperación Judicial Internacional en el marco del nuevo Código Procesal Civil boliviano

 

Cooperación Judicial Internacional en el marco del nuevo Código Procesal Civil boliviano.                                                                                                                  

                                                Por Micaela Alarcón Gambarte*[1]

 RESUMEN

El antiguo Código de Procedimiento Civil boliviano no ingresaba a regular la Cooperación Judicial Internacional  en materia civil,  al extremo que únicamente regulaba en el Artículo 114 la presentación de Exhortos, distinto con el tratamiento del  Código de Procedimiento Penal, que en su título VI acápite denominado “Cooperación Judicial  y Administrativa Internacional” regula su ámbito de aplicación y ejecutabilidad.  Por otro lado, debe considerarse que actualmente en Bolivia no existe una Ley específica sobre Cooperación Judicial Internacional en materia Civil, hecho que demuestra un vacío legal en la regulación interna boliviana, por lo que su previsión y regulación procesal propuesta en el nuevo Código Procesal Civil boliviano constituye un avance legislativo importante,  que no sólo repercute a nivel de actuación de los jueces nacionales y sus homólogos en otros países, sino incluso en el tratamiento de las relaciones internacionales del Estado Plurinacional de Bolivia con los demás Estados. Por tanto, el presente Trabajo analizará los aspectos de mayor relevancia sobre Cooperación Judicial Internacional prevista en el nuevo Código Procesal Civil boliviano que permiten comprender oportunamente la forma de colmar una laguna legislativa difícil de entender, pero fácilmente remediable.

PALABRAS CLAVE

Cooperación Judicial Internacional, Procedimiento Civil, notificaciones, resoluciones.

ABSTRACT

Former Bolivian Civil Procedure Code entered not regulate international judicial cooperation in civil matters to the extent that only regulated in Article 114 filing Rogatory, different treatment of the Code of Criminal Procedure in Title VI paragraph called "International Judicial and Administrative Cooperation" regulate its scope and enforceability. On the other hand, must be regarded as currently in Bolivia there is no specific Law on International Judicial Cooperation in Civil Matters, which demonstrates a loophole in Bolivian internal regulation, so their foresight and procedural rules proposed in the new Civil Procedure Code Bolivia is an important legislative progress, which not only affects the level of performance of national judges and their counterparts in other countries, but also in the treatment of international relations of the Plurinational State of Bolivia with other States. Therefore, the present work discuss the aspects of greatest relevance on International Judicial Cooperation under the new Bolivian Civil Procedure Code that allow timely understand how to fill a legislative gap difficult to understand, but easily remediable.

 

KEYWORDS

International Judicial Cooperation, Civil Procedure, notifications, resolutions.

 

I.  Bases constitucionales del nuevo Código Procesal Civil.-

En referencia a la regulación del nuevo Código Procesal Civil desde su implementación oral, la Constitución Política del Estado en el Artículo 115, parágrafo I dispone “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”, asimismo el Artículo 180, parágrafo I de la norma constitucional prevé “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez”, concordante con el Artículo 30, núm. 2 de la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010, Ley del Órgano Judicial, que estipula “Además de los principios esenciales y generales del Órgano Judicial, la jurisdicción ordinaria se sustenta (…): 2) Oralidad. Importa que las actuaciones y de manera particular la audiencia de celebración de los juicios sean fundamentalmente orales, observando la inmediación y la concentración, con las debidas garantías, y dando lugar a la escrituración de los actuados, sólo si lo señala expresamente la Ley.”

En este marco, el Principio de Oralidad en el que se sustenta la Jurisdicción Ordinaria, por mandato constitucional, tiene como objetivo garantizar el acceso a una justicia pronta y oportuna.

La Constitución Política del Estado, además prevé en los Artículos 7, 8 y 9 los Principios, Valores y Fines del Estado, que conforman el sustrato axiológico de mayor potencia.  Al respecto, los citados valores y principios guardan conformidad con el  Derecho al Debido Proceso y Defensa, dispuesto en el Artículo 115, parágrafo II del texto constitucional: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.”

Así, debajo de este paraguas constitucional, el nuevo Código Procesal Civil, introduce el sistema de oralidad, como base para el desarrollo del proceso, reconociendo la escritura de los actos y etapas, en razón de constituir una garantía de la certeza del derecho, empero simplifica requisitos y exigencias dilatorias o cuestiones simples de forma.

II.- Consideraciones Generales sobre el régimen de la Cooperación Judicial Internacional en la normativa boliviana.-

El antiguo Código de Procedimiento Civil boliviano, promulgado por Decreto Ley Nº 12760 de 6 de agosto de 1975, puesto en vigencia el 2 de abril de 1976, y elevado a rango de Ley Nº 1760 de 28 de febrero de 1997,  dejó un vacio pendiente sobre la previsión y regulación de la Cooperación Judicial Internacional. Este vacío, contrastó no sólo en el ámbito de aplicación procedimental, sino incluso en la posibilidad de aperturar un debate jurídico  futuro que promueva la elaboración de una Ley específica sobre ésta materia, tal como lo demuestra la experiencia procesal en Derecho Comparado.

Sin embargo, no hay razones que justifiquen dicha laguna, ni aún deduciendo que los Tratados Internacionales pueden sustitutivamente colmar cualquier especie de vacío. Al respecto, los Tratados Internacionales en vigor y reglas de aplicación general, si bien regulan determinados casos, por su naturaleza no pueden abarcar la amplitud de situaciones jurídico-procesales que pueden suscitarse en la praxis, conjugando una suerte de complejidad entre la diligencia que se pretende resolver y el tipo de normativa a invocar para su correcta resolución; esta normativa por su generalidad es amplia, dispersa y ocasionalmente contraria a la legislación del país donde se quiere hacer valer determinado acto procesal.

El antiguo Código de Procedimiento Civil boliviano presentaba una desprotección en cuanto a la regulación de la Cooperación Judicial Internacional, provocando que jueces, magistrados y la propia Autoridad Central designada en el Estado, acudan por fuerza mayor a los dictados de los Convenios Internacionales o aplicación de reglas generales a fin de zanjar procedimentalmente la tramitación de diferentes Requerimientos Internacionales y/o en su defecto la devolución de los Casos específicamente especiales. Es decir, seguía faltando un marco legal que proporcione sustentabilidad en el diligenciamiento de Solicitudes de Cooperación Judicial Internacional, máxime si consideramos la ausencia de una ley específica que regule dicha materia.

Además, conscientes de los constantes tropiezos por los que atraviesa la justicia en relación con la soberanía de los Estados y eventuales denegaciones de justicia fundamentadas a través de representaciones diplomáticas, podemos advertir un constante desconocimiento e invalidación del  Derecho al Acceso de Justicia.

Por otro lado, los jueces y la Autoridad Central de continuo se enfrentan a la tarea ardua de solucionar problemas complejos que deben encauzarse por vía o conducto de cooperación o auxilio judicial,  situación que se agrava con la dispersión de normas internacionales en vigencia y la ausencia de una sólida normativa interna que proporcione una correcta orientación procedimental. Es más, dichas normas internacionales se convierten  en dictados incompatibles con relación a la vigencia de las leyes bolivianas, sobre todo en el marco actual del modelo de Estado adoptado constitucionalmente por Bolivia. En este sentido, internacionalistas y procesalistas consideran que es una temática abierta y no cerrada, por el mismo hecho de la multiplicidad de posibilidades que eventualmente pueden suscitarse en el diligenciamiento o tramitación de los diferentes casos.

Revisando el articulado del nuevo Código Procesal Civil, inicialmente confirmamos que la intención de los proyectistas bolivianos fue ingresar a regular la materia, conforme evidencia el Título VIII “Cooperación Judicial Internacional”, proporcionando un respaldo sólido para la correcta orientación procedimental de los actos judiciales, cuyo fin último es su tramitación ante tribunales extranjeros. Este avance legislativo, no sólo se hace patente a favor de las partes impetrantes, sino que responde a las nuevas demandas de la práctica internacional actual.

Por lo que, en razón a los motivos expuestos, en el presente trabajo abordaremos los aspectos de mayor relevancia presentados en el acápite denominado “Cooperación Judicial Internacional”, cuya previsión en el nuevo Código Procesal Civil boliviano, se convierte en un importante avance legislativo, que permite llenar el vacío procedimental descubierto en la antigua normativa, y que negativamente producía: desprotección, indefensión y ausencia de acceso a la justicia.

 

 

III.- Consideraciones sobre la Dimensión Judicial del  caso privado internacional.-

Distintas variables intervinientes, entre las que destacan por su trascendencia el desarrollo de los medios de comunicación internacional en sus diversas modalidades, lo que se traduce en volúmenes cada vez más importantes de traslado de personas y bienes, así como en el incremento de negocios internacionales a distancia sin necesidad de desplazamiento de los contratantes – la creciente flexibilización de las fronteras nacionales a consecuencia de procesos de integración en marcha y la globalización de las economías-, han coadyuvado en las últimas décadas a una acentuada internacionalización de la vida humana en sus diferentes dimensiones, entre ellas, la jurídica. Ámbito en el que destaca el auge experimentado por las relaciones privadas internacionales. Crecimiento constatable no sólo en aquéllas áreas en las que como en la mercantil el impacto internacionalizante era más previsible, sino también en otras tradicionalmente más domésticas, como las de Derecho de Familia y Minoridad.

El auge de las relaciones privadas internacionales ha determinado asimismo un paralelo y vigoroso acrecimiento de los litigios suscitados respecto a las mismas.  De manera cada vez más frecuente se plantean ante los tribunales litigios relativos a contratos internacionales, actuación en un Estado de sociedades constituidas en otro, reclamos de pronta restitución internacional de menores irregularmente retenidos o trasladados fuera del Estado de su centro de vida, demandas de alimentos en que demandante y demandado viven en distintas jurisdicciones, divorcios de cónyuges domiciliados en diferentes países, disolución y liquidación de sociedades conyugales con patrimonios distribuidos en diversos Estados.

Este panorama descrito es determinante del actual desarrollo de lo que se denomina “dimensión judicial del caso privado internacional”, concepto abarcativo de cuestiones como la jurisdicción internacional directa e indirecta, la regulación del proceso y de la prueba en los litigios relativos a las relaciones privadas internacionales, la condición procesal del litigante foráneo, la cooperación jurídica internacional,[2] así como el reconocimiento y ejecución de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros.[3]

En tanto se conciba al Derecho Internacional Privado como el conjunto de respuestas jurídicas a las cuestiones suscitadas en torno a las situaciones privadas internacionales, tal como hoy sostienen importantes sectores de la doctrina iusprivatista internacional en los actuales desarrollos teóricos,[4] corresponde concluir en la pertinencia e importancia para el Derecho Internacional Privado, de esta dimensión judicial del caso privado internacional. Así, las materias constitutivas de la dimensión judicial del caso privado internacional pertenecen al Derecho Internacional Privado.

En los albores del estudio de las cuestiones suscitadas por las relaciones privadas heterogéneas, durante los siglos XIII y XIV, aquéllas que no agotaban su contenido en el Derecho de la ciudad, la estatutaria italiana de los glosadores y postglosadores comienzan el abordaje de estos temas con Jacobo Balduinus, en relación a la regulación de los procesos vinculados a los casos interlocales, distinguiendo en el siglo XIII entre formas ordenatorias y decisorias y sujetando las primeras a la ley del foro; conclusión similar a la acogida posteriormente por Bartolo de Sassoferratto  en el siglo XIV. Baldo de Ubaldis, discípulo de Bartolo, aplicó la distinción entre “litis ordenatio” y “litis contestatio” a la materia probatoria, distinguiendo lo referido al procedimiento probatorio, regido por la “lex fori”, de lo atinente la sustancia de la prueba –determinación de los medios probatorios y su fuerza-  que sujetó a la “lex causae.” Soluciones que hoy acogen modernas regulaciones sobre el tema.[5]

En relación a la aplicación del Derecho extranjero también ha sido la doctrina del Derecho Internacional Privado la que analizó el tema, sosteniendo los estatutarios italianos que el aforismo “iuria novit curia” sólo alcanzaba a los estatutos de la ciudad a la que pertenecía el magistrado actuante y que en cambio era a los litigantes a quienes correspondía alegar el derecho foráneo. Es el iusprivatista holandés Ulrico Huber, quien en el siglo XVII argumenta sobre la obligatoriedad de la aplicación de la ley extranjera, que funda en el “interés común” y la “convención tácita entre los pueblos”, verdadero sentido de la expresión “comitas gentium” para este autor, según Meijers.[6]

 

Los congresos de Derecho Internacional Privado, así como las regulaciones convencionales elaboradas por las Conferencias especializadas en esta rama jurídica han estudiado y regulado de manera permanente, desde hace más de un siglo, los temas atinentes  a la dimensión judicial del caso privado internacional.

“L’Institut de Droit International” en sus Sesiones de Heidelberg en 1887 y Hamburgo en 1891, se ocupó así de la aplicación del Derecho extranjero, concluyendo con argumentos de total contemporaneidad: “... en el estado actual de la ciencia del derecho y de las relaciones internacionales y en presencia del gran número de leyes elaboradas en los países civilizados, la prueba de las leyes extranjeras no puede ser una cuestión de hecho abandonada a la iniciativa de las partes”; y en 1877, en Zurich, el Instituto ya había tratado acerca de la condición del litigante foráneo, pronunciándose a favor de la eliminación de toda discriminación, al proclamar: “el extranjero deberá ser admitido en juicio en las mismas condiciones que el nacional, es decir en completa igualdad.”

 

En el ámbito de las regulaciones convencionales, el Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado de Montevideo de 1889, el 11.11.1889, aprueba el Tratado de Derecho Procesal Internacional -ratificado por Uruguay, Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú y al que Colombia posteriormente se adhiriere- texto que abarca: Título I, “Principios generales” -regulación del proceso y la prueba-; “De las legalizaciones”, Título II; y “Del cumplimiento de los exhortos, sentencias y fallos arbitrales”, Título III; y en el Protocolo Adicional a los Tratados, arts. 2 y 3, consagra asimismo la aplicación de oficio del Derecho extranjero y la recurribilidad de las sentencias dictadas en error del mismo. Los Tratados de Montevideo tuvieron como antecedente el Tratado de Lima de 1878, “para establecer reglas uniformes en materia de Derecho Internacional Privado”, que en diversos títulos ya se había ocupado de la materia procesal internacional.

 

El “Código de Derecho Internacional Privado”, “Código de Bustamante”, aprobado en La Habana por la Sexta Conferencia Internacional Americana el 20.2.1928, también trató cuestiones atinentes al “Derecho Procesal Internacional” en el “Libro Cuarto”, legislando sobre “Principios Generales”, Título Primero; “Competencia”, Título Segundo; “Del Derecho a comparecer en Juicio y sus Modalidades”, Título Cuarto; “Exhortos  o Comisiones Rogatorias”, Título Quinto; “Excepciones que tienen carácter internacional”, Título Sexto; “De la Prueba”, Título Séptimo; “Del Recurso de la Casación”, Título Octavo; “De la Quiebra o Concurso”, Título Noveno; “Ejecución de Sentencias Dictadas por Tribunales Extranjeros”, Título Décimo; títulos éstos a los que corresponde agregar el III, “De la Extradición”, que refiere en consecuencia, a la cooperación penal internacional.

 

El Segundo Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado de Montevideo de 1939-1940, aprueba el 19.3.1940 un nuevo Tratado de Derecho Procesal Internacional –ratificado por Argentina, Paraguay y Uruguay- que legisla sobre: “Principios Generales”, Título I; “De las Legalizaciones”, Título II; “Del Cumplimiento de los exhortos, sentencias y fallos arbitrales”, Título III; “Del Concurso civil de acreedores”, Título IV; y trata acerca de la aplicación del Derecho extranjero en los Artículos 2 y 3 del Protocolo Adicional.

Corresponde agregar que la obra de los Congresos de Montevideo ha legislado además sobre la jurisdicción internacional a través de las soluciones consagradas por los Títulos XIV de los Tratados de Derecho Civil Internacional  de 1889 y  1940, así como por diversas disposiciones del Tratado de Derecho Comercial Internacional de 1889 y de los Tratados de 1940 sobre Navegación Comercial Internacional y Derecho Comercial Terrestre.

La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado también ha atendido desde sus inicios las cuestiones atinentes a la dimensión judicial de los casos privados internacionales y en el Protocolo Final a la Primera Conferencia de 1893 se incluyen disposiciones relativas a: “ II- comunicación de actos judiciales y extrajudiciales” y “III- comisiones rogatorias”. Siguiendo esta línea, la Conferencia aprueba en 1905 una Convención sobre Derecho Procesal Internacional y a partir de su tercera y actual etapa –de 1951 a la fecha-  ha concretado un importante número de Convenciones referidas a la materia procesal internacional.[7]

El actual proceso de homogenización y modernización del Derecho Internacional Privado Interamericano a través de su codificación por etapas constituida por las CIDIP, Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado, en los más de veinte textos aprobados desde 1975 a la fecha, una de las áreas que más ha regulado ha sido la relativa a las cuestiones judiciales vinculadas a los casos privados internacionales. Tales, las Convenciones de Panamá de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y Recepción de Pruebas en el Extranjero, de Montevideo de 1979 sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, Prueba e Información del Derecho Extranjero y Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias; y de La Paz de 1984 sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras y Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero. Dichas Convenciones, que específicamente versan sobre materia procesal internacional, corresponde agregar aquéllas que no obstante legislar otros temas contienen una muy fuerte regulación sobre cuestiones atinentes a la dimensión judicial del caso privado internacional, como las Convenciones Interamericanas sobre Restitución Internacional de Menores y sobre Obligaciones Alimentarias, de Montevideo de 1989  -CIDIP IV- y de México de 1994 –CIDIP V- sobre Tráfico Internacional de Menores.

Igualmente en el ámbito del Mercosur, la preocupación por dar respuesta desde el ángulo de la Justicia a las necesidades emergentes del incremento del tráfico privado internacional en la región, a determinado la concreción de un importante conjunto de acuerdos, varios de ellos ya vigentes entre los Estados Parte, que configuran una verdadera codificación de la cooperación judicial internacional en el área.[8]

Asimismo, es importante agregar que una institución básica para el desarrollo, profundización y efectiva prestación de la cooperación jurisdiccional internacional en sus distintos niveles, como es hoy la Autoridad Central, fue creada y puesta en funcionamiento por textos convencionales de Derecho Internacional Privado, que en las décadas de los años sesenta y setenta del siglo veinte, las organizaron primero en el ámbito de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado y luego en el de las CIDIP.

Por otra parte, debe recordarse que corresponde básicamente al Derecho Internacional Privado, todo lo atinente al reconocimiento de la validez y eficacia del acto jurisdiccional extranjero, por lo que decidir si una citación dispuesta por un determinado juez brasilero o un embargo ordenado por un juez argentino o una sentencia dictada en Perú va a surtir los efectos que le son connaturales fuera del ámbito procesal en que fueron dictados, son respuestas al decir del Dr. Opertti [9] que deben buscarse esencialmente en esta materia que tratamos. 

Asimismo, en tanto la relación iusprivatista internacional afecta a dos o más ordenamientos jurídicos, conlleva la ineludible necesidad de precisar los tribunales de qué Estados serán competentes para conocer de un eventual litigio suscitado respecto a la misma, y la atribución de esa jurisdicción en el ámbito internacional se hace acudiendo a conexiones y desarrollos propios del Derecho Internacional Privado. Tales, entre otros, el criterio Asser, que precisamente lleva el nombre del iusprivatista internacional holandés que lo formulara por vez primera, atributivo de competencia internacional a los jueces del Estado a cuya ley corresponda regular el caso, por lo que la jurisdicción queda en los hechos supeditada al conflicto de leyes[10] y los conceptos de prórroga internacional de jurisdicción, foro de cumplimiento o de celebración del contrato o de acaecimiento del hecho ilícito, de residencia habitual  o domicilio del demandado, o la noción de “foro exorbitante”, productos todos básicamente de la elaboración de la doctrina iusprivatista internacional.

Situación semejante se constata en relación al concepto de orden público internacional,  instituto singular, desarrollado por la doctrina y los textos de Derecho Internacional Privado, no identificable necesariamente con el orden público interno, que constituye el límite a la aplicación del Derecho extranjero y a la prestación de cooperación jurídica internacional, cuando tales circunstancias afecten de modo concreto, grave y manifiesto, principios esenciales del ordenamiento jurídico al que pertenezca el foro actuante.

IV.- Cooperación Jurisdiccional Internacional.-

La Cooperación Jurisdiccional Internacional, es toda actuación procesal desplegada en un Estado al servicio de un proceso incoado o a incoarse en otro. Actividad originada en providencias emanadas de órganos jurisdiccionales extranjeros, cuya finalidad es lograr que el proceso se entable, se desarrolle o se afiance en sus resultados, a través de acciones que los órganos jurisdiccionales locales llevarán a cabo. La definición involucra la actuación de órganos jurisdiccionales tanto en calidad de exhortantes cuanto de exhortados, debiéndose entender por tales aquéllos que pertenecientes o no al Poder Judicial, tengan a cargo una función  jurisdiccional.[11] Distintos textos convencionales vigentes en la materia, prevén expresamente que las solicitudes de cooperación emanen de tales órganos.[12]

La calidad jurisdiccional del exhortante corresponde sea calificada de acuerdo al Derecho de origen de la rogatoria. Solución no excluyente de que el Estado rogado, en defensa de su inconculcable orden público internacional, deniegue la cooperación en casos de notoria ausencia en el requirente de cualidades que hagan a un verdadero tribunal.

Un caso paradigmático, dentro del Derecho Comparado, fue aquél del Dr. Quintín Alfonsín, en la época de Asesor Letrado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, y el jurista francés Jean Lisbonne, sostuvieron en nota de jurisprudencia en relación a una decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de su país, denegatoria de diligenciamiento respecto a un Exhorto librado por la “Junta de Recuperación Patrimonial de Argentina” –órgano creado en dicho país tras el derrocamiento de la Segunda Presidencia del General Perón- que existían insuperables razones de fondo para denegar el auxilio, fundadas en la carencia de imprescindible independencia funcional del órgano requirente, que determinaban que no pudiere ser considerado como verdadero tribunal,[13] al respecto coincidimos con Opertti, que en tales casos normalmente los interesados de hallan en la imposibilidad o grave dificultad de defender sus derechos, vulnerando ello garantías procesales que en cualquier ordenamiento jurídico interno ostentan rango de constitucionales.[14]

V.- Fundamentos y naturaleza de la Cooperación Jurisdiccional Internacional.-

Tradicionalmente se ha recurrido para justificar la prestación del auxilio internacional a conceptos de reciprocidad, de convivencia,  o de “comitas gentium”, noción ésta en su origen, en el pensamiento de Huber, más vasta y profunda que aquélla concebida como sinónimo de cortesía internacional.[15] Más allá de que los argumentos expuestos no resultan excluyentes sino complementarios, hoy la base de la prestación de la cooperación radica en una práctica suficientemente asentada entre las naciones[16] que concibe que la justicia en tanto cometido esencial del Estado, no puede verse frustrada por fronteras nacionales que se erijan en obstáculos al desarrollo de procesos incoados más allá de las mismas. En tal sentido y con palabras que conservan plena vigencia, señalaba en su momento Alcalá Zamora “El progreso incesante de los medios de comunicación y las cada día mayores relaciones mercantiles entre las naciones del mundo, son factores que contribuyen a fomentar y aún a exigir la cooperación entre los distintos Estados de la tierra.”[17]

La idea de que el Auxilio Jurídico Internacional no está sujeto a una decisión discrecional de la autoridad rogada, sino que se funda en el deber de prestarlo, es acogida por el Protocolo del Mercosur sobre Cooperación y Asistencia  Jurisdiccional, Artículo 14, parte final, al disponer la obligación del Estado exhortado de comunicar al requirente los motivos del incumplimiento total o parcial  de la asistencia.

En razón de lo expuesto estimamos que la prestación del Auxilio Jurisdiccional Internacional es de principio en el ámbito regional, y que excepto en casos de carencia de requisitos básicos exigibles en relación al tipo de asistencia en consideración, ésta debe prestarse necesariamente.

En cuanto a la naturaleza de la asistencia jurisdiccional internacional es importante distinguir aquéllas posiciones que hablan de “delegación”  - las que en sus distintas modalidades, representación, gestión de negocios, mandato, tienden a reducir las atribuciones del tribunal requerido a las de mero examinador de los aspectos formales del exhorto vedándole todo otro control, excepto la potestad, siempre existente, de invocar la excepción de orden público internacional en caso de que la rogatoria conculque de manera grave y manifiesta algún principio esencial de su ordenamiento jurídico- de aquéllas atributivas de jurisdicción original al rogado, que en sus desarrollos más radicales se traducen en importantes limitaciones al deber de cooperación internacional.

Consideraremos que si bien no es posible hablar de delegación en sentido estricto en el panorama actual de la asistencia jurisdiccional en la región, ya que el tribunal rogado al prestar el auxilio lo hace en ejercicio de una jurisdicción propia, su actividad, empero, se brinda al servicio de un proceso desarrollado o a desarrollarse en el extranjero en el que la actividad procesal rogada alcanzará su verdadero significado. Razón por la cual entendemos que sin perjuicio de que el magistrado exhortado actué ejerciendo una potestad jurisdiccional que le pertenece, lo hace a consecuencia de un proceso foráneo, por lo que a nivel continental se admite que la actividad procesal del rogado se desarrolle, de requerirlo el rogante, de acuerdo a procedimientos solicitados por éste, excepto que los mismos vulneren principios jurídicos esenciales del ordenamiento jurídico requerido.[18]

VI.-  Grados de la Cooperación Jurisdiccional Internacional.-

El Auxilio Jurídico Internacional comprende distintos grados o niveles según el modo cómo afecte los derechos de la personas y al propio Estado que lo brinda, la coerción que implique y su extensión cronológica – tiempo que insuma su cumplimiento  y lapso durante el cual se prolonguen sus efectos-.

A.   Primer nivel de Asistencia.-

Abarca dos escalones cooperacionales. El primero, referido al auxilio de mero trámite, citaciones, emplazamientos y notificaciones llevadas a cabo en un Estado a ruego de tribunales de otro, nivel en el que la entreayuda jurídica internacional, normalmente afecta en grado mínimo los derechos de los justiciables  y al Estado que la presta y en el que la prestación del auxilio no implica un grado apreciable de coerción, verificándose casi instantáneamente. Otro escalón, más complejo, está constituido por la cooperación probatoria. El diligenciamiento de pruebas fuera de fronteras supone una actividad de mayor complejidad y duración temporal que una mera notificación y puede llegar a niveles coercitivos de relativa importancia, tales, la conducción compulsiva de un testigo renuente, el ingreso a la fuerza para practicar una inspección, etc. Los distintos tipos de cooperación de primer grado constituyen el auxilio internacional cuantitativamente más importante, al punto de que en el Estado Plurinacional de Bolivia, constituyen el ochenta por ciento del total de la entreayuda jurisdiccional.[19]

B.   Asistencia cautelar internacional, segundo nivel de cooperación.-

Consiste en que el fallo que se dicte en el extranjero no llegue demasiado tarde. En relación a este nivel de asistencia es importante resaltar su intenso grado de coerción  y su mayor extensión cronológica. La cooperación cautelar, por ejemplo, puede incidir en la disponibildiad de un bien o suponer la intervención de una empresa, y se mantiene, en principio, el tiempo que insuma el proceso cuyo resultado la cautela pretende asegurar.

 

C.   El Reconocimiento de la eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros.-

Algunos sectores de la doctrina ubican la materia como un tercer nivel de la asistencia internacional. Entendemos, empero, preferible analizarla como un capítulo particularizado, tanto en razón de que afecta de modo mucho más significativo los derechos de los justiciables al Estado en el que se pretenda su eficacia, cuanto que a diferencia del auxilio de mero trámite, probatorio y cautelar, materializados en el libramiento de Exhortos o Rogatorias, la sentencia no nace usualmente con expresa vocación internacional. Un juez libra un exhorto para efectuar una notificación en el extranjero, para que fuera de fronteras se diligencie una prueba o se trabe un embargo, pero en cambio, tradicionalmente, simplemente dicta una sentencia y será la parte interesada la encargada de invocar el fallo en otro Estado. Puntualizamos, no obstante, que en razón de la creciente internacionalización de los procesos e interconexión entre los sistemas de justicia de los distintos Estados, comienzan a dictarse fallos que asumen la necesidad de cooperación fuera de fronteras.

La Autoridad Central del Estado Plurinacional de Bolivia, recibe de manera creciente rogatorias libradas entre nuestro país y Argentina, en las que la sede que dictó una sentencia de divorcio respecto a un matrimonio celebrado en el otro país, dispone que se proceda  comunicar al otro Estado dicha sentencia a efectos de su Anotación en el Registro de Estado Civil; asimismo, situación similar ocurre en materia de prestación internacional de alimentos, casos en los que los tribunales sentenciantes del Estado de domicilio o residencia habitual del demandante – competentes en razón del Artículo 8 de la Convención Interamericana de 1989 sobre Obligaciones Alimentarias- ordenan en los fallos que dictan, que se libre exhorto para la ejecución de la sentencia en el Estado Parte de domicilio del demandado o en aquél donde éste tuviere bienes o percibiere ingresos que posibiliten el pago de la pensión.

No obstante, su estudio será considerado, en el presente trabajo, en el marco del Articulado previsto en el nuevo Código Procesal Civil Boliviano denominado “Ejecución de Sentencias dictadas en el extranjero”, en relación al reconocimiento y ejecución, que debe sustanciarse ante el Tribunal Supremo de Justicia, para que la sentencia extranjera alcance plena eficacia en territorio nacional.

Asimismo, corresponde resaltar, que el régimen de Cooperación Judicial Internacional, previsto en el Título VIII del nuevo Código Procesal Civil, presenta una sistemática adecuadamente organizada a través de cuatro Capítulos: Disposiciones Generales, Exhortos Suplicatorios y otras Comisiones, Cooperación Judicial Internacional en materia cautelar y Ejecución de Sentencias dictadas en el extranjero.

Al respecto, evidenciamos que la regulación de dicha materia, en el nuevo Código, se fundamenta en dos pilares: 1) Territorialidad y 2) Aplicación del Derecho Extranjero.

La Territorialidad significa que el Estado boliviano está obligado a aplicar los Tratados y Convenciones Internacionales ratificados y, elevados a rango de Ley, con preferencia a la Ley nacional del Estado, de conformidad con el Artículo 257 parágrafo I de la Constitución Política del Estado que prevé “Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley”; empero si estos Tratados o Convenios Internacionales no regulan un determinado asunto, de forma supletoria se aplicará la Ley del Estado Nacional o Lex Fori, la Ley del Juez.

La aplicación del Derecho extranjero se basa en el Principio de Reciprocidad; es decir, en ausencia de Tratado o Convenio Internacional o, que dicho Tratado no fue ratificado por el Estado boliviano,  el Juez nacional podrá aplicar el derecho extranjero de otro Estado soberano bajo el Principio de Reciprocidad Internacional, siempre que el otro Estado en un caso similar también aplique la ley boliviana, conforme establece el Artículo 493 parágrafo II del Código Procesal Civil boliviano “El derecho extranjero, cuando corresponda, será aplicado e interpretado de oficio por las autoridades judiciales del Estado Plurinacional, en la misma forma en que lo harían las autoridades jurisdiccionales del país a cuyo ordenamiento jurídico pertenezca la norma invocada (…).”

De esto último podemos inferir, que uno de los Principios fundamentales en los que se sustenta la Cooperación Judicial  Internacional en el nuevo Código Procesal Civil es el Principio de Reciprocidad Internacional entre Estados,  lo que significa que ante la eventualidad de la falta de Tratado o Convención, el Estado requirente deberá incluir expresamente una manifestación sobre el ofrecimiento de reciprocidad en casos semejantes.

VII.- Transmisión de la Cooperación Jurisdiccional, el Exhorto.-

El término exhorto, así como las expresiones “comisiones o cartas rogatorias”, “suplicatorias” o “requisitorias”, son utilizadas en el ámbito regional como sinónimos,[20]  y designan el encargo o ruego que hace el órgano jurisdiccional de un Estado a sus pares de otro, para la realización de algún procedimiento o sustanciación al servicio de una actividad procesal tramitada o a tramitarse ante el requirente. Los distintos textos convencionales vigentes en el continente hacen del exhorto el instrumento para la comunicación de la asistencia judicial internacional, por lo que no debe confundirse el instrumento, la rogatoria, con la cooperación solicitada a través de ella. [21]  

A.   Vías para la transmisión de los exhortos.-

El Derecho convencional interamericano consagra para la transmisión de los exhortos de cooperación judicial internacional los modos diplomático o consular, judicial y particular, tradicionales en la materia, a los que agrega a partir de las Convenciones Interamericanas de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, la comunicación vía Autoridades Centrales y aquélla directa entre jueces de zonas fronterizas contiguas.

Así, el Artículo 495 del Código Procesal Civil boliviano establece “Los exhortos suplicatorios podrán hacerse llegar a la autoridad comisionada por intermedio de: 1.Las partes interesadas, 2. Las o los agentes diplomáticos o consulares, 3. La Autoridad administrativa competente por razón de materia y 4. Vía Judicial.”

En ocasiones se ha confundido las vías para la transmisión de los exhortos, de los medios utilizados para su envío: postal, facsímil, correo electrónico, etc. De tales medios, el postal es el empleado mayoritariamente y a efectos de dotarlo de mayor celeridad, actualmente se tiende a utilizar el envío a través de correo expreso o medios similares. En cuanto a la comunicación enviada por fax  o correo electrónico, ella comienza a utilizarse de modo cada vez más importante entre las Autoridades Centrales de la región como forma de adelantar los pedidos de asistencia.  En materia de cooperación penal internacional, diversos tratados vigentes, prevén que por razones de urgencia la solicitud de auxilio pueda hacerse llegar por fax o correo electrónico, debiéndose luego confirmar el pedido mediante el envío de la documentación original.[22]

1)    Vía Diplomática o Consular.-

Constituye el procedimiento más clásico y también el más empleado hasta el surgimiento de las Autoridades Centrales. Su tramitación supone con frecuencia un lento encadenamiento burocrático entre el tribunal rogado y el rogante, que puede insumir varios meses y conspirar en definitiva contra la eficacia de la labor judicial. En tanto oficial, está exenta, al igual que la modalidad Autoridades Centrales, de la exigencia de legalización para acreditar la autenticidad del Exhorto.

En el modo diplomático o consular, la rogatoria es remitida a través de valija diplomática por el Ministerio de Relaciones Exteriores al Estado rogante a su Embajada o Consulado acreditado en el Estado exhortado, que la introducirá al Ministerio del Exterior de dicho país, que se encargará a su vez de hacerla llegar a su sistema judicial de acuerdo a lo dispuesto por su Derecho Nacional.

Asimismo, no corresponde confundir la actuación de los agentes diplomáticos o consulares en tanto partícipes de la vía diplomática o consular, con la realización  directa por éstos de actos procesales en el Estado donde estén acreditados al servicio de un proceso tramitado en el país que representan.

2)    Vía particular.-

La transmisión de los exhortos por las propias partes interesadas constituye otra de las vías tradicionales de la asistencia jurisdiccional internacional. En esta modalidad el interesado retira la rogatoria del tribunal exhortante y la hace llegar a un corresponsal en el Estado exhortado, quien de conformidad con la normativa de éste se encargará de introducirla al tribunal competente para su diligenciamiento. La vía particular hace necesaria la legalización como modo de acreditar la autenticidad de la solicitud extranjera de cooperación, en tanto no se encuentre vigente entre el Estado rogante y el rogado algún texto convencional que como el de la Convención de la Haya del 5.10. 1961 sobre Supresión de las Legalizaciones,[23] suprima expresamente la exigencia, sustituyéndola por otra más ágil, como es la “apostilla”.

Diligenciado el Auxilio, de devolverse el exhorto por vía particular, corresponderá proceder a la legalización de las actuaciones cumplidas por la sede rogada a efectos de acreditar su autenticidad ante el tribunal rogante.

3)    Vía Judicial.-

Consiste en una comunicación directa entre el Poder Judicial del Estado requirente y el del rogado y normalmente, excepto la comunicación entre jueces de zonas fronterizas, se lleva a cabo entre los tribunales superiores de cada Estado. En esta vía el juez rogante remite el exhorto a la cabeza de su Poder Judicial, que lo enviará a su vez a la autoridad superior del Poder Judicial rogado, para que ésta adopte las medidas pertinentes para su diligenciamiento.  En el ámbito regional no es demasiado frecuente el empleo de esta modalidad consagrada por normas convencionales vigentes, pues usualmente los tribunales recurren a las vías de Autoridad Central, diplomática, consular o particular, evitándose de este modo la carga del diligenciamiento del exhorto. La vía judicial, salvo en casos de cooperación fronteriza,  requiere de legalización para acreditar la autenticidad de la solicitud de auxilio.

4)    Comunicación directa entre jueces de frontera.-

Algunos textos convencionales a nivel interamericano y del Mercosur prevén la posibilidad de esta comunicación sin necesidad de legalización. Tales, las Convenciones Interamericanas sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, Artículo 7; y sobre Tráfico Internacional de Menores, Artículo 15; y el Protocolo del Mercosur de Ouro Preto de Medidas Cautelares, Artículo 19, párrafo cuarto.

Esta cooperación directa entre tribunales se ajusta a las necesidades de las zonas fronterizas, en las que el entorno sociológico favorece el incremento de relaciones privadas internacionales de todo tipo y consecuentemente de litigios surgidos en torno a las mismas y permite que magistrados que actúan muy próximos entre sí, puedan comunicarse inmediatamente, evitando trámites burocráticos respecto a solicitudes en las que la propia cercanía entre exhortante y exhortado asegura la autenticidad del pedido.

Un ejemplo cercano, es el ámbito fronterizo uruguayo-argentino, en el que se utilizó con éxito esta comunicación directa entre jueces de fronteras, sin embargo en otros países esta modalidad todavía no es implementada, como en el nuestro.

5)    Vía Autoridad Central.-

Las Autoridades Centrales son organismos especializados en cooperación jurídica internacional, generalmente ubicadas en los Ministerios de Justicia o en aquéllos a cargo de cometidos de apoyo a la función jurisdiccional o en los Ministerios de Relaciones Exteriores. Su origen se encuentra en las Convenciones de la Haya de 1965 sobre Notificación en el Extranjero de Actuaciones Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil y Comercial y de 1970 sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero. En el ámbito interamericano  han sido previstas a partir de las Convenciones de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y Recepción de Pruebas en el Extranjero y en el Mercosur.

En nuestro país, la Autoridad Central la ejerce actualmente el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya facultad emana directamente del Artículo 17 del Decreto Supremo Nº 29894, que señala que esta Cartera de Estado, se constituye en Autoridad Central en materia de Cooperación Jurídica Internacional.

La transmisión de Rogatorias vía Autoridad Central está exenta de legalización, dado el carácter oficial de esta modalidad, al respecto el Artículo 495, numeral II del nuevo Código Procesal Civil, dispone “Si los exhortos se tramitaren por la vía diplomática o consular no será necesario el requisito de la legalización.”

En temas, como la protección internacional de menores, el papel asignado a las Autoridades Centrales es muy importante, puesto que se constituyen en organismos esenciales para el cumplimiento de los objetivos convencionales.[24]En nuestro país, la Autoridad Central en temas de Restitución Internacional de Menores es el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, dependiente del Ministerio de Justicia.

 

VIII.- Cooperación de mero trámite y probatoria.-

Constituye el primer nivel o grado de la asistencia judicial internacional, abarcando tal como ya se ha señalado, dos escalones. El primero, referido al auxilio de mero trámite, es comprensivo de actuaciones como citaciones, intimaciones, emplazamientos y notificaciones llevadas a cabo en un Estado a ruego de tribunales de otro, auxilio que normalmente no afecta o afecta en grado mínimo al país que lo brinda, así como  a los derechos de las personas, suponiendo su diligenciamiento un bajo índice de coerción y realizándose habitualmente de modo casi instantáneo.

El segundo escalón está constituido por la cooperación probatoria, que implica una mayor complejidad y en el que la prestación de la asistencia puede suponer una extensión cronológica mayor y llegar a grados de coerción de cierta importancia.

Ambos escalones del auxilio de primer grado representan el tipo de cooperación judicial internacional más frecuente.

Diversos textos convencionales regulan este tipo de auxilio a nivel interamericano y regional.[25]

Asimismo, el Artículo 494 del nuevo Código Procesal Civil boliviano, dispone expresamente “Cuando la autoridad judicial tuviere que disponer alguna diligencia de mero trámite a cumplirse en el extranjero en relación a los actos de comunicación procesal o de recepción u obtención de pruebas e informes, librará exhorto suplicatorio. Se actuará de la misma manera por la autoridad judicial boliviana tratándose de exhortos y otras comisiones provenientes del extranjero”, aludiendo específicamente a los actos de cooperación jurisdiccional internacional de mero trámite y de carácter probatorio.

A.   Transmisión de las solicitudes de cooperación de mero trámite y probatoria.-

Las vías para la transmisión de los requerimientos de auxilio de este nivel, son aquellas analizadas oportunamente en el apartado “Vías para la transmisión de los exhortos”, es decir: modos diplomático o consular, judicial, particular y entre Autoridades Centrales, modalidad esta última que en la región trasmite hoy más del 80% de las rogatorias internacionales.

No obstante, no prever la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, Artículo 11, la vía particular, en tanto exhortante y exhortado estén vinculados por algún convenio que admita tal posibilidad para este nivel de asistencia – tal, la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, Artículos 2.b y 4, examinados en conjunto- será posible recurrir a la misma, así como en los casos en que las prácticas entre los Estados la admitieran.[26]

B.   Requisitos a los que deben ajustarse las solicitudes de cooperación.-

Las solicitudes de asistencia internacional deben ajustarse a condiciones formales, procesales y sustantivas.

-       Requisitos Formales.-

El Exhorto en tanto documento debe cumplir con exigencias cuya finalidad es asegurar su autenticidad, comprensión y adecuado cumplimiento.

a) Requisitos destinados a asegurar la autenticidad.-

 1)  Legalización.-

Se entiende por tal, el procedimiento a través del cual se acredita de modo fehaciente que un documento público extranjero ha sido extendido por funcionario competente de conformidad con los requisitos exigidos por la Ley de procedencia del instrumento, actuando dicho funcionario dentro del límite de sus atribuciones.[27]

 Los textos convencionales y regionales en vigor exigen la legalización en los exhortos transmitidos vía particular o judicial,[28] en tanto que de emplearse las modalidades Autoridad Central, diplomática o consular, la condición no es requerida, cuanto que la índole oficial de tales vías hace presumir la autenticidad de la solicitud, así lo dispuesto por las Convenciones Interamericanas sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, Artículo 6  y sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, Artículo 13.  El Protocolo del Mercosur sobre Cooperación y Asistencia Jurisdiccional tampoco exige la legalización, ya que únicamente previó la vía Autoridad Central. El Protocolo del Mercosur sobre Cooperación y Asistencia Jurisdiccional tampoco exige la legalización, ya que únicamente previó la vía Autoridad Central. La Enmienda al Protocolo de Las Leñas, Decisión CMC 07/92, art. 10, dado que acoge además de la Autoridad Central las vías diplomática o consular y particular, requiere legalización con relación a ésta última, salvo que entre el Estado requirente y el requerido se hubiere suprimido el requisito o se le hubiere sustituido por otra formalidad. En igual sentido el Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional ente los Estados Parte del Mercosur y Bolivia y la República de Chile, Decisión CMC 08/92, art. 10.

 

El Tratado de Montevideo de Derecho Procesal Internacional de 1940 excluyó asimismo la exigencia con relación a las solicitudes de cooperación cursadas vía diplomática  consular, Artículo 11, párrafo segundo.

La comunicación directa entre jueces fronterizos contiguos igualmente se encuentra exenta de legalización, pues la proximidad de los magistrados permite asegurar en forma inmediata la autenticidad de los pedidos, solución acogida por las Convenciones Interamericanas sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, Artículo 7 y sobre Tráfico Internacional de Menores, Artículo 15.[29]

   2) Otros requisitos que también persiguen asegurar la autenticidad de la solicitud.-

Diferentes textos internacionales contienen exigencias cuya finalidad es asimismo asegurar la autenticidad de la rogatoria, tales, la condición de que el exhorto identifique al órgano jurisdiccional requirente a través de su denominación y dirección y que el expediente en el cual se libra el exhorto sea adecuadamente individualizado con especificación del objeto y naturaleza del juicio, Artículo 6 a) y b) del Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional.[30]

   3) Traducción.-

Esta condición busca asegurar en el magistrado exhortado y en la persona destinataria de la cooperación, la cabal comprensión de la medida rogada, siendo requerida por distintas regulaciones vigentes en la materia tanto de fuente convencional como nacional.[31]

En el nuevo Código Procesal Civil, el Artículo 495, numeral IV, establece “Los exhortos y documentación anexa que estuvieren redactados en idioma extranjero, deberán ir acompañados de la correspondiente traducción practicada por perito autorizado”; nuestra normativa agrega el requisito de que la traducción deba necesariamente realizarla un Perito, otorgando mayor autenticidad al documento traducido.

Algunos acuerdos han buscado simplificar la traducción y aminorar sus costos a través del empleo de formularios impresos en los idiomas de los Estados Parte, tales, los Protocolos Adicionales de Montevideo de 1979 a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y de La Paz de 1984 a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero; y los Acuerdos del Mercosur Complementarios a los Protocolos de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional y de Medidas Cautelares, respectivamente, Decisiones CMC 05/97 y 09/97.

 

b)  Requisitos destinados a facilitar el cumplimiento del exhorto.-

Se trata de condiciones que persiguen la efectiva prestación de la asistencia solicitada a través de la identificación del objeto que la misma persigue, y en su caso, de las personas a las cuales va dirigida.

Cuando los datos referidos al domicilio del destinatario de la rogatoria o de la persona llamada a declarar fueren incompletos o inexactos, la doctrina y los textos regionales actuales – Protocolo del Mercosur y Acuerdo en la materia entre los Estados Parte del Mercosur y Asociados, Artículos 16 de ambos- coinciden en que el tribunal requerido deberá agotar los medios para satisfacer el auxilio, pudiendo solicitar al exhortante información complementaria sobre la identidad y localización de las personas.

Se prevé igualmente que los exhortos deban contener cualquier otra información que pueda facilitar su cumplimiento, exigencia abierta que responde a la finalidad de que el pedido sea acompañado de todos aquéllos datos útiles para su más eficaz diligenciamiento.

-  Requisitos Procesales.-

  1) Identificación del órgano jurisdiccional requirente.-

Hace referencia a la necesaria calidad jurisdiccional el órgano exhortante, pertenezca o no al Poder Judicial.[32]

 

  2)  Nombre y domicilio del apoderado del solicitante en el Estado requerido.-

Constituye una condición esencial en casos de asistencia internacional en que las normas aplicables no consagren un impulso “ex officio” para la tramitación de las rogatorias. En tanto los más reciente textos convencionales prevén la tramitación de oficio, la designación del apoderado es opcional.

  3) Información del plazo que dispone el destinatario de la medida para   cumplirla.-

Tiene por finalidad la mejor protección del afectado por el exhorto, asegurándole mínimas garantías que hacen al debido proceso, por lo que corresponde concluir que se trata de una condición esencial que toda rogatoria en la materia debe cumplir. Así, lo prevé expresamente la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, Artículo 8.b; el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional entre los Estados Parte del Mercosur  y el Acuerdo en la materia entre el Mercosur, Bolivia y Chile, Artículo 6, literal f de ambos.

  4)  Descripción de formas o procedimientos especiales con los que se cumplirá la cooperación rogada.-

Frente a las soluciones americanas tradicionales que sometían los procedimientos a seguir en el diligenciamiento de los exhortos a la ley del Estado requerido, los actuales desarrollos continentales y regionales acogen la solución –prevista en el ámbito de la Conferencia de La Haya desde principios del siglo XX-  consiste en que sin perjuicio de mantenerse como principio la aplicación de la “lex fori”, a solicitud del tribunal rogante, se observan procedimientos especiales, siempre que no resulten incompatibles con el orden público internacional del Estado requerido.[33]  En caso de solicitarse la aplicación de formas o procedimientos especiales, se exige que la rogatoria contenga una adecuada descripción de los mismos.

Al respecto, el Artículo 495, parágrafo III del nuevo Código Procesal Civil dispone “Los exhortos se tramitarán con sujeción a las leyes procesales vigentes en el país requerido, y si mediare solicitud expresa del órgano jurisdiccional requirente, se observará en su trámite formalidades o procedimientos especiales, siempre que no resultaren contrarios a lo dispuesto por la legislación boliviana.”

  5) Requisito sustancial, no afectación del orden público internacional del Estado exhortado.-

La cooperación de mero trámite y probatoria pueden afectar el orden público internacional del Estado rogado, tanto en hipótesis en que el exhorto por la propia índole del pedido lesione valores esenciales e inderogables del ordenamiento jurídico requerido, cuanto en situaciones en las que los procedimientos especiales solicitados por el rogante resulten incompatibles con los principios procesales básicos del exhortado.

Los textos reguladores de la asistencia jurisdiccional internacional si bien expresamente consagran la excepción,[34] no proporcionan empero un concepto de la misma, resultando en consecuencia básica la definición consagrada por el Artículo 5 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado de Montevideo de 1979, ratificada, por todos los Estados del Mercosur.

El Artículo 493, numeral IV del Código Procesal Civil boliviano, dispone “Las autoridades judiciales podrán negar la aplicación del derecho extranjero cuando éste resulte manifiestamente contrario a los principios esenciales del orden público internacional reconocido por Convenios y Tratados suscritos y ratificados por el Estado Plurinacional.”

Otras hipótesis en las que puede resultar posible invocar la afectación del orden público internacional refieren a especies en las que en un proceso tramitado en el extranjero estuvieren gravemente comprometidas elementales garantías procesales, tales, que el órgano rogante careciere de la independencia necesaria como para ser considerado un verdadero tribunal, así como aquéllas en las que el auxilio hubiere sido requerido por magistrado extranjero cuya competencia en el caso concreto lesione claramente una jurisdicción exclusiva del Estado exhortado. Al respecto coincidimos con Opertti,[35] que en materia de cooperación el juez rogado sólo deberá dar cabida a la excepción de incompetencia cuando se trate manifiestamente de un asunto de su jurisdicción exclusiva, pues de no hacerlo estaría renunciando al deber de defensa de su propia jurisdicción.  Similar criterio ha sido sostenido en la doctrina argentina, entre otros, por Werner Goldschmidt, quien señalara que la oposición al exhorto por la causa indicada, falta de competencia internacional de la sede exhortante, sólo se justifica si la jurisdicción internacional propia reclamada es exclusiva.[36] En igual sentido, en el Derecho español, la Ley Orgánica de la Judicatura de 2.7.1985 previó entre las causales de denegación de asistencia judicial internacional, art. 278, “cuando el proceso de que dimana la solicitud de cooperación sea de la exclusiva competencia de la jurisdicción española.”

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        c)   Requisitos específicos de las solicitudes de cooperación probatoria.-

 

Se trata de condiciones que en materia probatoria se agregan a aquéllas generales ya examinadas, entre las mismas destacan:

  1)  Resumen del Juicio que facilite la diligencia probatoria.-

La finalidad de esta condición, considerada eventualmente un tanto engorrosa para el  magistrado exhortante, es proporcionar al tribunal requerido una mínima e imprescindible información que facilite la adecuada prestación del auxilio.[37] Diversos textos convencionales en vigor requieren expresamente tal información: Convención Interamericana de 1975 sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, art. 4.4; Protocolo del Mercosur sobre Cooperación y Asistencia Jurisdiccional y Acuerdo entre los Estados Parte del Mercosur y Acuerdo espejo entre el Mercosur y Bolivia y la República de Chile, arts. 7, literal de ambos.

 

  2)  Nombre y domicilio de testigos y otras personas o instituciones que deban intervenir y otros datos indispensables para la recepción de la prueba.-

Se busca asegurar el aporte de información imprescindible para facilitar la ubicación de quienes deban participar en la tramitación de la prueba rogada, así como los informes necesarios a los fines de su diligenciamiento, tratándose de datos sin cuyo aporte el éxito de la cooperación se vería seriamente comprometido.[38]   

 3)  Texto de interrogatorios y otros documentos necesarios.-

Al igual que la precedente, la condición persigue el aporte de elementos básicos para el diligenciamiento de la prueba, los que aún cuando no fueron exigidos a texto expreso, una elemental lógica jurídica determinaría su necesaria inclusión en el exhorto.[39]

Asimismo, es importante resaltar que el Artículo 493, parágrafo III del nuevo Código Procesal Civil establece “Las pruebas se admitirán y valorarán según la Ley a la cual se encuentre sujeta la relación procesal. No se admitirán como pruebas las que se hallaren expresamente prohibidas por la legislación boliviana.

d)   Diligenciamiento.-

-       Procedimiento.-

Frente a los modelos americanos clásicos, Tratados de Montevideo de Derecho Procesal Internacional de 1889 y 1940, Artículos 11 y 13 respectivamente, y el Código de Bustamante de la Habana de 1928, Artículo 391, que someten el procedimiento a seguir en el cumplimiento de los exhortos a la “lex fori” del país requerido, las regulaciones más recientes, sin perjuicio de mantener como principio dicho criterio, admiten que la solicitud del tribunal rogante se observen procedimientos especiales a condición que no resulten inconciliables con el orden público internacional del Estado exhortado. Solución que atiende adecuadamente la verdedera índole de la actividad cooperacional, destinada a tener trascendencia en el Estado rogante y a cuyos efectos puede resultar necesario observar en su tramitación formas procesales propias del Derecho Requirente, es acogida por el actual Derecho de cooperación internacional, así lo dispuesto por las Convenciones Interamericanas sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y sobre Recepción del Pruebas en el Extranjero, arts. 10 y 6 respectivamente; el Protocolo del Mercosur de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional y el Acuerdo espejo entre los Estados Parte del Mercosur y Bolivia y la República de Chile, arts. 12 de los mismos.

 

  1)  Impulso procesal.-

 

Los textos actuales consagran el impulso “ex officio” como principio básico en el diligenciamiento de solicitudes de cooperación de mero trámite y probatoria, sin perjuicio de lo cual la intervención de parte siempre resulta posible, ya a través de la actuación directa de la misma, ya a través de un apoderado. En conformidad, al Protocolo entre los Estados Parte del Mercosur sobre Cooperación y Asistencia Jurisdiccional y el Acuerdo entre los Estados Parte del Mercosur y Bolivia y la República de Chile, arts. 8 y 17 de ambos Textos.

 

  2)  Costos, principio de gratuidad.-

 

La postura tradicional respecto a los gastos originados por el diligenciamiento de exhortos provenientes del extranjero, salvo en materia penal, fue en principio, cargar los costos a cargo de la parte interesada, solución recibida incluso por las primeras Convenciones Interamericanas.[40]

 

El Derecho interamericano acoge la gratuidad del auxilio internacional en los Protocolos de Montevideo de 1979 a la Convención Interamericana de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, art. 5, y de La Paz de 1984 a la Convención Interamericana de 1975 sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, art. 6. En el espacio Mercosur la gratuidad es consagrada por el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional y por el similar Acuerdo entre los Estados Parte del Mercosur y Bolivia y la República de Chile, excepto que se soliciten medidas probatorias que ocasionen erogaciones especiales o se designen profesionales para su diligenciamiento, casos en los cuales se deberá consignar en  el exhorto la persona que en el Estado rogado se hará cargo de los gastos y honorarios devengados, art. 15.

 

  3)   Empleo de medios coercitivos.-            

 

La asistencia jurisdiccional regional autoriza al tribunal rogado a emplear medios coercitivos previstos por su legislación, a efectos de asegurar el cumplimiento de similares actuaciones locales.[41]

 

  4)  Presencia de las partes y de la Autoridad requirente en el diligenciamiento del Exhorto.-

 

En solución que estimamos adecuada a un régimen de cooperación referido a un marco de integración, el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional  entre los Estados Parte del Mercosur, así como el Acuerdo entre los Estados del Mercosur y  Bolivia y la República de Chile, Artículos 11 de los mismos, autorizan al juez rogante a solicitar al exhortado, vía Autoridad Central, información acerca del lugar y fecha en que será diligenciada la asistencia requerida. Ello con la finalidad de que la parte interesada, por sí o a través de su representante, y la propia autoridad exhortante, puedan comparecer y en su caso ejercer las facultades permitidas por la legislación de la Parte rogada, a la que en definitiva habrá de corresponder determinar el alcance de dicha presencia.

 

   5)  Deber de informar sobre los motivos del incumplimiento del Exhorto.-

 

En tanto que la prestación de la asistencia no es una decisión discrecional del tribunal requerido, sino que éste en principio está obligado a prestar el auxilio, distintos textos a partir del Protocolo de 1984 a la Convención Interamericana de 1975 sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, art. 3, párrafo segundo, imponen al exhortado el deber de comunicar de inmediato y fundadamente al exhortante, vía Autoridades Centrales, dicho incumplimiento. Tal lo dispuesto por el Protocolo del Mercosur sobre Cooperación y Asistencia Jurisdiccional y el Acuerdo en la materia entre los Estados del Mercosur y Bolivia y la República de Chile, art. 14, párrafo segundo, de ambos.

 

6)   Autonomía del acto cooperacional.-

En la medida que la cooperación jurisdiccional internacional abarca grados de diferente afectación a las personas y a los Estados que la brindan, así como de distinta complejidad y coercibilidad, se ha afianzado la noción de la “autonomía del acto cooperativo”, principio por el cual la prestación de un cierto nivel de asistencia jurisdiccional no compromete el otorgamiento de otros grados más intensos. La prestación de auxilio de mero trámite o probatorio no obliga a brindar una eventual asistencia cautelar requerida en la misma causa y el otorgamiento de esta cooperación no conlleva necesariamente al reconocimiento de la sentencia dictada en el proceso a cuyo servicio se hubiere requerido el embargo. Al respecto los arts. 9 de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y 8 de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, disponen que el cumplimiento de exhortos en la materia “no implicará en definitiva el reconocimiento de la competencia del órgano jurisdiccional requirente ni el compromiso de reconocer la validez o de proceder a la ejecución de la sentencia que se dictare”. En igual sentido el art. 8 “in fine” del Protocolo del Mercosur de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional, prevé que el cumplimiento del exhorto “no implicará el reconocimiento de la jurisdicción internacional del juez del cual emana”, la que por consiguiente podrá ser evaluada en instancias de asistencia judicial internacional más complejas. A nivel de cooperación de trámite y probatoria, entendemos que únicamente resulta pertinente examinar la jurisdicción del rogante en casos de clara y manifiesta afectación de la jurisdicción internacional exclusiva del exhortado. La jurisdicción del Estado requirente para conocer del caso podrá ser analizada, por consiguiente, sin la limitante de haberse concedido niveles de asistencia primaria, en ocasión de grados cooperacionales más intensos.

 

El Código Procesal Civil boliviano establece en el Artículo 495, numeral V “El cumplimiento del exhorto suplicatorio  o carta rogatoria proveniente del extranjero no significará que por tal hechose reconozca de manera implícita la competencia de la autoridad extranjera requirente, ni la eficacia de la sentencia que ésta dictare.”

 

VIII.- Cooperación Cautelar.-

 

 1)  Aspectos Generales.-

 

Las medidas cautelares, providencias cuya finalidad es prevenir el daño derivado del retardo de una decisión jurisdiccional definitiva asegurando la eficacia de la misma, abarcan todas aquéllas medidas dispuestas por los tribunales con el objeto de impedir actos de disposición o administración capaces de hacer ilusorio el resultado de un juicio,[42] pudiéndose ordenar como recuerda Davis Echandía, “previamente a un proceso o durante éste, para evitar que el demandado haga ineficaz sus efectos prácticos o los burle mediante maniobras más o menos ilícitas.”[43]

 

En el ámbito del auxilio jurisdiccional internacional la cooperación cautelar constituye un nivel de asistencia de singular complejidad y creciente planteo, destinado a evitar que la sentencia extranjera llegue demasiado tarde, cuando ya no existan posibilidades de hacerla efectiva.

 

En este marco, Couture señalaba “¿En qué sentido influye sobre este fenómeno – las medidas cautelares- a circunstancia de que los bienes que son objeto de garantías se hallen en el extranjero? Ni lógica ni moralmente puede influir en ninguno. Más aún, se puede decir que una vez que el Derecho Internacional ha llegado al punto de fijar criterios de competencia entre los Estados, la extensión de la potestad coercitiva  hacia bienes radicados en otro territorio resulta absolutamente indispensable.”[44]

Una medida cautelar adquiere calidad de internacional cuando adoptada por los tribunales de un Estado, está destinada a cumplirse en otro.  Actuales desarrollos también prevén la posibilidad de medidas cautelares de urgencia destinadas a asegurar el resultado de un juicio incoado  o a incoarse en otro país, ordenadas por los magistrados del Estado de situación de los bienes o de la persona a cautelar en tanto jurisdicción más aproxima, vr. gr., lo previsto por la Convención Interamericana de Montevideo de 1979 sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, art. 10.[45]

 

El tribunal que conoce en el cumplimiento de una sentencia extranjera puede ordenar asimismo medidas que en definitiva también poseen índole cautelar internacional, cuanto que su finalidad es asegurar la eficacia de un fallo dictado fuera de fronteras Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, art. 7; Protocolo del Mercosur de Medidas Cautelares, Decisión CMC 27/94, art. 11, “Cooperación Cautelar en la Ejecución de Sentencia.”

 

  2)  La cooperación cautelar internacional en el Derecho Convencional regional.-

 

Desde fines del siglo XIX se atendió el auxilio cautelar por el Tratado de Montevideo de Derecho Procesal Internacional de 1889, art. 10 y más tarde, por el Tratado de Montevideo de 1940 de Derecho Procesal Internacional, arts. 12, 13, y 14 y Título IV; “Del concurso civil de acreedores”, en especial, arts. 18 y 19. Más recientemente regulan la materia la Convención Interamericana de Montevideo de 1979 sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares y el Protocolo de Ouro Preto de Medidas Cautelares entre los Estados Parte del Mercosur.

 

A)    Soluciones tradicionales, los Tratados de Montevideo de Derecho Procesal Internacional.-

 

-       Tratado de Derecho Procesal de 1889.-

 

El Tratado fue ratificado por Argentina, Bolivia, Paraguay, Perú, y Uruguay; Colombia se adhirió.  En razón de la vinculación de todos los Estados Parte, excepto Bolivia, a textos convencionales posteriores que regulan el tema, sólo se mantiene vigente en la materia respecto a nuestro país.[46]

 

La jurisprudencia de los Estados con mayor experiencia en la aplicación del Tratado, Argentina y Uruguay, históricamente mostró oscilaciones en aceptar la cooperación cautelar, aún cuando en Uruguay, la tesitura mayoritaria de los tribunales finalmente decantó en favor del otorgamiento de la asistencia. Posición favorable a la prestación de este grado de cooperación también asumida por la jurisprudencia peruana en un caso de solicitud de embargo requerida por tribunales argentinos en época de vigencia entre ambos países del texto de 1889, resolución judicial del 19.9.1964.

Coincidimos con quienes han sostenido que el Tratado de 1889 acogió la cooperación cautelar, cuanto su art. 10 dice expresamente: “Cuando los exhortos o cartas rogatorias se refieran a embargos, tasaciones, inventarios o diligencias preventivas, el juez exhortado proverá lo que fuere necesario...” y en el mismo sentido cabe recordar que en el Congreso Sudamericano de Montevideo de Derecho internacional de 1888-1889, el miembro informante, Dr. Gálvez, Delegado de Perú, señaló respecto al contenido del art. 10: “En efecto, en este artículo se estatuye que cuando los exhortos o cartas rogatorias contengan comisiones de trascendencia, como son las de practicar embargos ...”; y por otra parte, el Tratado de Derecho Comercial Internacional de 1889, aprobado en el mismo Congreso de Derecho Internacional, contempló asimismo la asistencia cautelar en el Título X, “De las falencias”, arts. 37 y 38.[47]

 

Al respecto, recordamos que el Artículo 497 del nuevo Código Procesal Civil boliviano dispone “I. Las medidas cautelares que decretaren tribunales extranjeros serán ejecutadas y cumplidas por las autoridades judiciales del Estado Plurinacional, sólo cuando no sean contrarias a la legislación boliviana o al orden público internacional. II. La procedencia de las medidas cautelares se regirá por las leyes de los tribunales extranjeros del lugar donde se tramite el proceso. III. La ejecución de las medidas cautelares, así como la contracautela, se regirán por las leyes del Estado Plurinacional.”

 

-       Tratado de Derecho Procesal Internacional de 1940.-

 

El Tratado, ratificado por Argentina, Paraguay y Uruguay, legisla detalladamente la asistencia cautelar internacional a través de los artículos 12, 13 y 14, sujetando la procedencia de la medida a las leyes y jueces del proceso en relación al cual se dictó la cautela, en tanto que la traba del embargo, la forma del mismo y la embargabilidad de los bienes se rige por las leyes y se ordena por los jueces del lugar de su situación, art. 13.

 

En cuanto a las tercerías, el art. 14 dispone que aquellas interpuestas ante el juez rogado deberán ser comunicadas al exhortante, sustanciándose por éste de acuerdo a sus leyes, excepto las de dominio u otros derechos reales sobre el bien embargado, que se resolverán por los jueces y las leyes del país de situación del bien.

 

Las disposiciones del Tratado de 1940 fueron antecedente directo de la Convención Interamericana de 1979 sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares y a través de la misma, del Protocolo del Mercosur de Medidas Cautelares.

 

El Tratado de Derecho Procesal de 1940 atiende también la cooperación cautelar internacional en el Título IV, “Del concurso civil de acreedores”, en particular, arts. 18 y 19, que disponen que declarado el concurso, el magistrado actuante tomará las medidas preventivas del caso respecto a bienes del concursado sitos en otros Estados y los jueces exhortados, cumplidas las medidas preventivas rogadas, harán conocer por edictos publicados durante treinta días la declaración del concurso, la designación del síndico y su domicilio, y el plazo para presentar los títulos creditorios y las medidas preventivas adoptadas.

 

 

 

 

 

 

 3)  La cooperación cautelar internacional en el actual marco normativo regional.-

 

Hoy legislan la materia, excepto con nuestro país, donde continua aplicándose el Tratado de 1889, la Convención Interamericana de Montevideo de 1979 sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares y el Protocolo de Ouro Preto de Medidas Cautelares entre los Estados Parte del Mercosur.

 

A.   Ámbito de Regulaciones.-

 

 1)  Ámbito espacial.-

 

La Convención Interamericana de Montevideo de 1979 sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, constituye un texto que entre las Convenciones Interamericanas representa un nivel medio en cuanto al número de Estados ratificantes, al momento sólo siete, situación que contrasta con el alto número de aprobaciones de otras Convenciones emanadas de las CIDIP.

 

La situación expuesta y la necesidad de abarcar en el ámbito regional a Brasil en este nivel de cooperación internacional, básica para que las sentencias dictadas en un Estado puedan alcanzar efectiva vigencia en otro, así como la acertada previsión del art. 17 de la Convención, autorizando a los Estados Parte “que pertenezcan a sistemas de integración...” a “acordar directamente entre sí procedimientos y trámites más expeditivos que los previstos en esta Convención...”, determinó planteos coincidentes de las Delegaciones de Uruguay y Argentina en el seno de la Comisión Técnica de la Reunión de Ministros de Justicia del Mercosur al finalizar las negociaciones del Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional -que no había incluido la asistencia cautelar en razón de reticencias brasileras- para que Brasil analizara la posibilidad de vincularse a la Convención Interamericana o a un acuerdo subregional sobre la materia. La Delegación brasileña fue receptiva a los planteos y señaló que la cuestión sería sometida a consulta del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Supremo Tribunal Federal.

 

Dos años más tarde, al culminar el semestre de trabajos de la Comisión Técnica bajo Presidencia pro-témpore de Argentina, junio de 1991, Brasil comunicó a los otros socios del Mercado que culminadas las consultas estaba en condiciones de estudiar la posibilidad de un convenio a nivel regional y presentó un proyecto, que con aportes básicamente de las Delegaciones de Argentina y Uruguay , finalmente se concretó en el Protocolo de Ouro Preto de Medidas Cautelares, Decisión CMC 27/94, hoy vigente entre los Estados Parte del Mercosur.[48]

 

   2)  Ámbito Material.-

 

Tanto, la Convención Interamericana, cuanto el Protocolo del Mercosur de Medidas Cautelares, arts. 1 de ambos, abordan de manera coincidente la “ratio” de tales acuerdos, destinada a asegurar que la Justicia alcance el eficaz cumplimiento de sus cometidos,[49]evitando la irreparabilidad del daño en relación a personas, bienes u obligaciones de dar, hacer o no hacer.[50]

 

Ambos textos, Protocolo, art. 2 y Convención Interamericana, art. 1, comprometen la prestación de la asistencia cautelar en un amplio espectro: civil, comercial, laboral y en procesos penales en cuanto a la reparación civil, aún cuando la Convención Interamericana autoriza a los Estados a restringir su alcance a “alguna o algunas de las medidas cautelares previstas en ella.”

 

La cooperación cautelar podrá ser preparatoria, incidental a una acción principal o estar destinada a asegurar la ejecución de una sentencia ya dictada, Protocolo del Mercosur, art. 3. La Convención Interamericana, art. 1, refiere a medidas que tengan por finalidad “garantizar los resultados o efectos de un proceso actual o futuro.”

 

  3) La cooperación debe ser requerida y diligenciada por tribunales y el exhortante debe poseer jurisdicción internacional para conocer el litigio cuyo resultado la cautela pretende asegurar.

 

La Convención Interamericana, arts. 2 y 3 y el Protocolo del Mercosur, arts. 4, 5 y 6, reciben el principio clásico del Derecho Internacional Privado interamericano que requiere en materia de auxilio jurisdiccional la actuación de tribunales, es decir, órganos que pertenecientes o no al Poder Judicial sean verdaderamente independientes y capaces de resolver con autoridad de cosa juzgada las controversias sometidas a su jurisdicción.

 

La calidad jurisdiccional del exhortante corresponde en principio sea calificada por el propio Derecho en el que la rogatoria tiene origen, solución no excluyente, empero, de que el Estado rogado en protección de principios básicos e irrenunciables de su ordenamiento jurídico, orden público internacional, deniegue la cooperación en casos de notoria carencia en el órgano requirente de cualidades que hagan a un auténtico tribunal de Justicia. El maestro Alfonsín, en coincidencia con lo expuesto, señalaba: “la judicatura exhortada no puede ni debe entrar a examinar la naturaleza ni las atribuciones de la autoridad exhortante... Ello sería meterse en casa ajena. Pero tampoco debe aceptar como judicial el exhorto emanado de cualquier autoridad extranjera.”[51]Posición similar es sostenida por Opertti.[52]

 

Respecto a la exigencia de que el tribunal rogante posea jurisdicción internacional para conocer en el caso en relación al cual solicita la cautela, se trata de una condición requerida por los más importantes textos en vigor.[53] El modo tan intenso como el auxilio cautelar internacional puede afectar los derechos de los justiciables y al propio Estado que lo brinda, justifican en este nivel de asistencia el examen de la jurisdicción -jurisdicción internacional indirecta- del exhortante. Creemos empero que el contralor de la jurisdicción del Estado requirente no debe sobrepasar los límites que nuestro Derecho exige respecto al grado más profundo de entreayuda jurisdiccional internacional, “latu sensu”, el reconocimiento de los fallos extranjeros. Asimismo, nuestra posición, es coincidente con la del colega, Prof. Opertti, en el sentido de que “el juez exhortado sólo podrá dar cabida a la excepción de incompetencia cuando se trate, manifiestamente, de un asunto de su jurisdicción exclusiva, pues de no hacerlo, estaría renunciando al deber de defensa de su propia jurisdicción”.

 

B. Transmisión de las solicitudes de cooperación cautelar.-

 

Las solicitudes deben ser cursadas a través de Exhorto, Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, Artículo 13 y Protocolo del Mercosur, Artículo 18.

 

Para el traslado de las Solicitudes los citados textos acogen las vías clásicas actualmente admitidas en materia de cooperación internacional: diplomática o consular, por la parte interesada,  Autoridad Central –la más utilizada-  y judicial.[54]

 

       C. Oposición a las Medidas Cautelares.-

 

Textos convencionales y de fuente nacional reconocen, la legitimación procesal de la persona afectada, presunto deudor o tercero, a oponerse ante el tribunal rogado a la medida cautelar ordenada por un magistrado extranjero. La sede rogada debe en tales casos mantener la medida y remitir las actuaciones al tribunal exhortante, que decidirá de acuerdo a sus leyes. Tratándose de oposiciones de dominio o de otros derechos reales respecto a los bienes gravados por la cooperación, se atribuye jurisdicción exclusiva para resolver sobre las mismas a los tribunales del Estado de situación de dichos bienes, los que actuarán conforme a sus leyes.

 

Al respecto, considerando que en Bolivia rige el Tratado de Derecho Procesal de 1889, corresponde resaltar en este acápite, que el nuevo Código Procesal Civil boliviano dispone expresamente en el Artículo 498 “Cuando en cumplimiento de medidas cautelares dispuestas por tribunales extranjeros se hubiere trabado embargo o ejecutado cualquier otra medida cautelar sobre bienes situados en el territorio del Estado Plurinacional, la persona afectada podrá deducir tercería u oposición ante la autoridad judicial boliviana que hubiere cumplido la comisión, con la única finalidad de la comunicación de aquella al tribunal comitente, a tiempo de la devolución del exhorto o carta suplicatoria. II. La tercería u oposición se sustanciará por el tribunal comitente conforme a sus leyes. El tercerista u opositor que compareciere en forma posterior a la devolución de la comisión, se apersonará en el proceso en el estado en que se hallare. III. Si el opositor planteare tercería fundada en el dominio sobre el bien o en otros derechos reales sobre el bien embargado, o la fundare en su posesión, aquella se sustanciará y resolverá conforme a las leyes del Estado Plurinacional”.

 

D. Cooperación cautelar de urgencia

 

Si bien el principio es que las medidas cautelares en instancia de cooperación jurisdiccional internacional se traben en un Estado a ruego de tribunales de otro -magistrados poseedores de jurisdicción internacional para conocer en el litigio cuyo resultado la cautela ha de preservar- distintas regulaciones en vigor admiten la posibilidad, dadas ciertas condiciones, de providencias conservatorias de urgencia decretadas por los jueces del Estado de ubicación del bien o la persona a cautelar, en calidad de jurisdicción más próxima. El juez local al ordenar la medida fundará su intervención en el hecho de que el sujeto o bien objeto de la misma se encuentra en su territorio, ello sin perjuicio de que la jurisdicción internacional corresponda en el caso a un tribunal extranjero. Se trata por consiguiente de una medida de carácter excepcional, dictada por razones de mayor proximidad, que deberá comunicarse una vez adoptada al tribunal extranjero competente, estándose en definitiva a lo que éste resuelva.

En este sentido, en el marco del Tratado de Derecho Procesal de 1889, que rige en nuestro país, el Artículo 500, parágrafo I del nuevo Código Procesal Civil establece “Siempre que el bien objeto de la medida cautelar se encontrare en el territorio del Estado Plurinacional, las autoridades judiciales bolivianas podrán disponer, a solicitud de parte, las medidas conservatorias u otras que por su urgencia deban resolverse inaplazablemente, tomando en consideración que ellas podrán ordenarse sólo en cuanto garanticen el resultado del litigio”; regulación que constituye un importante avance legislativo a nivel de nuestro ordenamiento nacional.

 

Estas providencias de urgencia dispuestas por la jurisdicción más próxima también son recibidas por la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, art. 10.

 

En tanto el Protocolo del Mercosur de Medidas Cautelares, Decisión CMC 27/94, no prevé la cooperación cautelar de urgencia por la jurisdicción más próxima, en razón de dificultades alegadas por Brasil para aceptar este tipo de asistencia, en momentos en que sus tribunales recién se abrían al auxilio cautelar, entre los demás Estados Parte corresponde de acuerdo a lo dispuesto por el art. 26 del Protocolo -solución propuesta por las Delegaciones de Argentina y Uruguay, el Tratado de Montevideo de Derecho Procesal Internacional de 1940, art. 14; Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, art. 5; Protocolo de Ouro Preto, Decisión CMC 27/94, art. 9 para resolver situaciones como la expuesta- brindar dicho auxilio en base al art. 10 de la Convención Interamericana en la materia, vigente entre los mismos.

 

IX.- Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras.-

En el ámbito Interamericano encontramos la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos arbitrales extranjeros,[55] suscrita en Montevideo el año 1979 y completada por la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia extraterritorial de las Sentencias extranjeras. Sin embargo, es importante aclarar que  Bolivia  únicamente es parte de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos arbitrales extranjeros, suscrita en Montevideo el año 1979. En relación a nuestro ordenamiento, el Artículo 502 del nuevo Código Procesal Civil boliviano establece “Las sentencias y otras resoluciones judiciales dictadas en el extranjero tendrán en el Estado Plurinacional de Bolivia, efectos imperativos, probatorios y fuerza ejecutoria, con arreglo a lo que establezcan los tratados o convenios existentes y las disposiciones del presente Capítulo”.

La citada Convención de 1979, señala los requisitos exigidos para que una decisión dictada en un determinado Estado posea fuerza ejecutoria en otro; destacamos que entre estos requisitos se encuentra la legalización. En esa línea, respecto a los presupuestos de índole procesal, la jurisdicción internacional del tribunal sentenciador, tiene la atribución de verificar a la luz de la ley del Estado donde se quiera hacer valer su fuerza ejecutoria, el cumplimiento de los requisitos de fondo y forma dispuestos para tal efecto.

El mecanismo que sirve para materializar la cooperación es mediante Exhortos Suplicatorios o Cartas Rogatorias Diplomáticas. En cuanto al reconocimiento y ejecución de sentencias dictadas en el extranjero, éstas deben cumplir con dos etapas: 1) Homologación y 2) Ejecución. La primera etapa se desarrolla ante el Tribunal Supremo de Justicia acompañando la documentación detallada y cumpliendo con los requisitos intrínsecos y extrínsecos para su procedencia, este procedimiento es sumarísimo, de puro derecho, con intervención del Ministerio Público y finalmente la emisión de la sentencia homologativa. Posteriormente, el Tribunal Supremo de Justicia remite a un Juez dentro del territorio nacional para radicar la causa y consiguientemente ejecutar el contenido de la sentencia.

Los Artículos 503 a 506 del nuevo Código Procesal Civil boliviano, disponen taxativamente el Reconocimiento, Principio de Reciprocidad, Ejecución, y los Presupuestos de su Validez: “I. Las sentencias extranjeras, para su ejecución y cumplimiento, deberán ser reconocidas y ejecutadas en el Estado Plurinacional, si correspondiere, sin que proceda la revisión del objeto sobre el cual hubieren recaído. II. El reconocimiento es el acto o sucesión de actos procesales que tiene por objeto establecer si la sentencia extranjera reúne los requisitos indispensables de fondo y forma.III. La ejecución es el acto o sucesión de actos procesales que tiene por objeto el cumplimiento de las sentencias dictadas en el extranjero (…) I. Si no existiere tratado o convenio internacional suscrito con el país donde se dictó la sentencia cuya ejecución y cumplimiento se pretende, en vía de reciprocidad, se dará a ella la misma fuerza que se reconoce a las sentencias pronunciadas en el Estado Plurinacional de Bolivia. II. Si la sentencia hubiere sido dictada en un país donde no se ejecuten los fallos de autoridades judiciales bolivianas, tampoco podrá serlo en el Estado Plurinacional. (…) I. Las sentencias extranjeras tendrán eficacia en el Estado Plurinacional, siempre que: 1. Se cumplan las formalidades extrínsecas para ser consideradas auténticas en el país de origen, 2. La sentencia y documentación anexa se encuentren debidamente legalizadas conforme a la legislación boliviana, excepto que ella fuere remitida por vía diplomática o consular o por intermedio de las autoridades administrativas competentes, 3. Se encuentren debidamente traducidas si fueren dictadas en idioma distinto al castellano, 4. La autoridad judicial que expidió la sentencia, tenga jurisdicción en la esfera internacional para asumir conocimiento de la causa, de acuerdo con las normas de su propioderecho, excepto que la materia fuere de jurisdicción exclusiva de autoridades judiciales bolivianas, 5. La parte demandada hubiere sido legalmente citada o emplazada de acuerdo con el derecho del tribunal sentenciador extranjero, 6. Se hubieren respetado los principios del debido proceso, 7. La sentencia tenga la calidad de cosa juzgada conforme al ordenamiento jurídico del país de origen,  8. La sentencia no sea contraria al orden público internacional. II. Para solicitar el reconocimiento y cumplimiento de una sentencia extranjera, se acompañarán los siguientes documentos: 1. Copia legalizada o autenticada de la sentencia, 2. Copias legalizadas o autenticadas de las piezas necesarias del proceso que acrediten el cumplimiento de los numerales 5 y 6 del parágrafo anterior, 3. Certificación franqueada por autoridad competente que acredite la ejecutoria de la sentencia (…) I. Sólo serán susceptibles de ejecución las sentencias extranjeras de condena al cumplimiento de obligaciones. II. Cuando únicamente se trate de hacer valer los efectos imperativos o probatorios de una sentencia extranjera, deberá acompañarse la documentación prevista en el Parágrafo II del Artículo anterior. III. El tribunal ante quien se pretendiere hacer valer los efectos imperativos o probatorios de la sentencia extranjera, se pronunciará sobre el mérito de la misma en relación al efecto pretendido, previa comprobación de haberse observado los requisitos del parágrafo I del artículo anterior, sin que sea necesario seguir el procedimiento fijado en el Artículo siguiente”.

Por otro lado, si bien a través de los Artículos 552 a 561 esta regulación fue prevista en el antiguo Código, sin embargo en la práctica surgió una duda interpretativa en cuanto a la aplicación del Instrumento Internacional citado, infiriendo que podría efectivizarse de forma directa la sentencia extranjera, sin necesidad de su reconocimiento interno ante las Instancias Competentes. Dicha interpretación fue requerida y sometida a criterio por parte del Tribunal Supremo de Justicia durante la gestión 2013, último que respaldó la posición de su homologación, pese a la existencia de ciertos criterios interpretativos sobre la aplicación directa del Convenio, que surgieron con el objetivo de beneficiar a las partes impetrantes, lo cual no gozaba de suficiente respaldo legal, puesto que el Tribunal Supremo de Justicia finalmente se pronunció ratificando el procedimiento in extenso previsto en el Código de Procedimiento Civil boliviano y, desvirtuando cualquier interpretación alternativa al respecto. Transcribimos la respuesta emitida por dicha instancia de justicia:

Informe del Tribunal Supremo de Justicia:

 

A:                                  Dr. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano     

                                     PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

 

DE:                               Dra. Katia Fabiana Fiorilo De la Via.

                                    ASESORA DE RELACIONES INTERNACIONALES

 

REF:                           INFORME   DE   RESPUESTA   SOBRE   DEVOLUCIÓN   DE   EXHORTO

                                   SUPLICATORIO   CASO   AMERICO   JAVIER   VACAFLOR   SORUCO.

 

En atención a la nota GM-DGAJ-UAJI-1021/13 007422, la suscrita asesora tiene a bien emitir el presente informe de respuesta, referente a la devolución de exhorto suplicatorio caso Américo Javier Vacaflor Soruco y Olga Isabel Valdez, en mérito a la solicitud verbal del Secretario de Sala Plena, por lo que a Ud., con el mayor respeto.

INFORMO:

PRIMERO:Que. habiéndose recibido mediante Courrier, con el número de Guia 0091391, el Cite de Clasificación Urgente GM-DGAJ-UAJI-1021/13 007422, en fecha 02 de mayo de 2013,  del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde en términos generales indica que con relación a las notas de Sala Plena Of. Nros. 092/2013 y 186/2013 de 25 de febrero y 15 de marzo del 2013, se ha devuelto el Exhorto Suplicatorio Diplomático, librado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 25, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina, dentro de los Autos caratulados "Vacaflor Soruco, Américo Javier y Valdés Olga Isabel S/ Divorcio, Art. 214 inc. 2°, Código Civil", en razón a que se observa el incumplimiento del procedimiento establecido en los artículos 552, 557, 560 y numerales 1) y 2) del Artículo 558 del Código de procedimiento Civil Boliviano, aclarando que previamente a iniciar el trámite de inscripción de la Sentencia corresponde concluir el trámite de Homologación. A este efecto el Ministerio de Relaciones Exteriores solicita pronunciamiento expreso respecto a la aplicación preferencial de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, así como sobre la homologación de Sentencias Extranjeras.

SEGUNDO: Que, el Derecho Internacional a través del tiempo gobierna las relaciones entre los Estados en sus conflictos y en su cooperación. Tiene como meta preservar y, favorecer la coexistencia pacífica, sus reglas reflejan la voluntad de los Estados, que configuran la comunidad internacional y busca el perfeccionamiento de los sistemas jurídicos externos.

Bolivia, mediante Ley 1430, dispuso la aprobación y ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", suscrito en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 y el reconocimiento de la competencia de la Comisión de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 45 y 62 de la Convención. Por lo que realizó los depósitos de Ratificación y Adhesión el 20 de junio de 1979 y 19 de julio de 1979 respectivamente, en tal sentido el Gobierno de Bolivia mediante nota OEA/MI/262/93, del 22 de julio de 1993, presentó declaración interpretativa al momento de depositar el instrumento de reconocimiento a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la manera siguiente:

Los preceptos de incondicionalidad y plazo indefinido se aplicarán en estricta observancia de la Constitución Política del Estado Boliviano, especialmente de los principios de reciprocidad, irretroactividad y autonomía judicial.

Así también Bolivia, dispuso la aprobación de la Convención Interamericana sobre Exhortas Suplicatorios o Cartas Rogatorias suscrita en la ciudad de Panamá, República de Panamá el 30 de enero de 1975, misma que entró en vigor el 16 de enero de 1076, conforme el artículo 22 de la Convención, habiendo nuestro Estado realizado depósito int. el 26 de septiembre de 2006 y la aceptación y adhesión el 17 de abril de 2006, dejando establecido en el articulo 9 que: "El cumplimiento de Exhortos o Cartas Rogatorias no implicará en definitiva el reconocimiento de la competencia del Órgano Jurisdiccional requirente, ni el compromiso de reconocer la validez o de proceder a la ejecución de la sentencia que dictare" (Sic). De igual manera en cuanto se refiere a la Tramitación, en el artículo 10 señala que: "Los exhortos o Cartas Rogatorias se tramitarán de acuerdo con las Leyes y normas procesales del Estado requerido" (...).

En esa misma línea el Estado Boliviano, mediante Ley No 1853, de fecha 07 de abril de 1998, aprueba y ratifica la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, suscrita en Montevideo el 8 de mayo de 1979, entrada en vigor el 14 de junio de 1980 conforme al artículo 23 de la convención y siendo la adhesión, ratificación por Bolivia el 18 de septiembre de 1983.

Pudiéndose evidenciar de todo lo antes señalado, que el Estado boliviano condice con la existencia de un sistema de protección internacional de los Derechos Humanos, con la obligación de los Estados de respetar los derechos y libertades reconocidos internacionalmente y con órganos de control a los que pueden acudir los Estados que demandan el incumplimiento de sus obligaciones al respecto por otros Estados Partes, así como individuos o grupos de ellos.

TERCERO: Que, la voluntad de los Estados es la que crea las normas de derecho internacional, a través de los tratados, expresión genérica que engloba a todo acuerdo internacional como convenios, convenciones, protocolos, concordatos, estatuto, etc. y las Constituciones son las que definen su posición y jerarquía en su derecho interno; es así que en países como Venezuela, Argentina, Colombia Estados Unidos, sus respectivas constituciones, otorgan jerarquía Constitucional a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. Ecuador, Paraguay, El Salvador, Costa Rica, otorgan jerarquía superior a las Leyes (Supra legales) pero por debajo de sus Constituciones, en el Perú, Chile y España sujetan la interpretaciones de los derechos Constitucionales a las pautas de los Tratados o Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos, y en cuanto se refiere a nuestro país, nos encontramos catalogados entre los países que sus respectivas constituciones otorgan jerarquía de Ley a los Tratados Internacionales.

En relación a la "Tesis Monista" sostenida por Kelsen, que parte de la unidad de conjunto de normas jurídicas, aceptando el principio de subordinación de las unas a las otras en un orden jerárquico, se evidencia que existen situaciones parcialmente diferentes en los países antes citados, sin embargo a ello, la doctrina de la supremacía constitucional subsiste, pues la Constitución sigue siendo suprema, en cuanto es fuente primaria y fundamento del orden jurídico estatal y decide su prelación. En ese sentido que nuestra Constitución Política del Estado en su Artículo 257, numeral I señala que "Los Tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de Ley".

El caso específico, se refiere a un Exhorto Suplicatorio Diplomático, librado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 25, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina, dentro de los Autos caratulados "Vacaflor Soruco, Américo Javier y Valdés Olga Isabel Sí Divorcio, Art. 214 inc. 2o, Código Civil", en razón a que se observa el incumplimiento del procedimiento establecido en los artículos 552, 557, 560 y numerales 1) y 2) del Artículo 558 del Código de procedimiento Civil Boliviano, se ha aclarado que previamente a iniciar el trámite de inscripción de la Sentencia, corresponde concluir el trámite de Homologación; es decir que, se debe cumplir el procedimiento determinado para ese propósito, en cumplimiento de la Constitución y las Leyes, posteriormente a la realización del procedimiento y/o trámite se atiende el petitorio.

Así también, es menester dejar establecido que como Estado se ha aplicado y se aplica la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, y respetuosos de ello, tal como establece el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Exhortas Suplicatorios o Cartas Rogatorias, se aplica en actuaciones y procesos en materia civil o comercial por los órganos jurisdiccionales de uno de los Estados Partes y que tengan por objeto la realización de actos procesales de mero trámite, tales como notificaciones, citaciones o emplazamientos en el extranjero; y, la recepción y obtención de pruebas de informes en el extranjero; por su parte, el Artículo 3, prevé que la convención no se aplicará a ningún exhorto o carta rogatoria referente a actos procesales distintos de los mencionados en el artículo anterior; en especial, no se aplicará a los actos que impliquen ejecución coactiva, es en ese contexto, que son de plena aplicación, los artículos 552 y siguientes del Código de procedimiento Civil y la Convención Interamericana sobre Eficacia Territorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, que prevén el trámite para la homologación de la sentencia pronunciada en el extranjero y los requisitos que se deben observar para pretender su eficacia y cumplimiento; situación que implica la observancia de esta normativa, para iniciar el trámite de homologación de sentencia extranjera solicitando su posterior ejecución.                                                                   

En tal sentido, dando cumplimiento a lo ordenando por su Autoridad, la suscrita-.. de Relaciones Internacionales   eleva informe y  previa su aquiescencia (…)

En este sentido, evidenciamos que el Artículo 507 del nuevo Código Procesal Civil es expreso al disponer el Procedimiento correspondiente: “La sentencia extranjera que se pretenda ejecutar y los antecedentesdocumentales que la justifiquen se presentarán ante el TribunalSupremo de Justicia.II. Presentada la solicitud, el Tribunal Supremo de Justicia dispondrá secite a la parte contra quien se pide la ejecución, que podrá exponerlo que estime pertinente a su defensa dentro del plazo de diez díascomputables a partir de su citación.III. Con la contestación o sin ella, que se expedirá en plazo no mayor aquince días, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, dictaráresolución contra la que no corresponde recurso alguno.IV. Si se declarare haber lugar a la ejecución, se remitirá la sentencia a laautoridad judicial competente, teniéndose como tal a aquel a quienhubiere correspondido conocer del proceso en primera instancia, sise hubiere promovido en el Estado Plurinacional, a efecto de que imprima los trámites que correspondan a la ejecución de sentencias.”

Así, es importante resaltar que la regulación del procedimiento de Reconocimiento y Ejecución de Sentencia Extranjera en el nuevo Código Procesal Civil, libera de toda duda interpretativa a la máxima instancia de administración de justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia, a los propios impetrantes y a la tramitación interna que a diario imprime el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual permite resguardar la seguridad jurídica.

X. Consideraciones Finales.-

La regulación de la Cooperación Judicial Internacional en materia civil en el nuevo Código Procesal Civil tiene gran utilidad procesal fundamentalmente en la seguridad jurídica y  la eficiencia en la prestación de un servicio público esencial en todo Estado de Derecho, como es la administración de Justicia.

Asimismo, el Derecho a la Tutela Judicial efectiva, tal como recoge la Constitución Política del Estado, no limita su efectividad al plano estrictamente interno. En un contexto dominado por la creciente globalización económica y por el incremento de los desplazamientos de personas desde y hacia nuestro país, es evidente que la tutela judicial no puede prescindir de la dimensión internacional de los problemas.

El Derecho a la Tutela Judicial efectiva comprende también el derecho a una protección adecuada de los intereses y derechos legítimos de los particulares cuando actúan en el ámbito internacional, resulta por ello propicio su regulación en el nuevo Código Procesal Civil, que permite determinar los mecanismos existentes de Cooperación Judicial Internacional para asegurar que los litigios con elemento extranjero tramitados ante los órganos jurisdiccionales de Bolivia, como aquéllos tramitados de nuestro país en tribunales extranjeros, puedan desarrollarse eficazmente y con todas las garantías para los justiciables, por lo que la Cooperación Judicial Internacional es en definitiva, una exigencia del derecho a la tutela judicial efectiva.

La regulación de Cooperación Judicial Internacional en el nuevo Código Procesal Civil satisface las necesidades así identificadas y otorga respuesta al mandato de cooperación dispuesto en el Artículo 10, parágrafo I de la Constitución Política del Estado. En este marco, la propuesta legislativa evidencia una nueva perspectiva del papel del Estado para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos e implica una revisión de la acción unilateral de su actividad, partiendo de un principio cooperativo a la hora de construir el sistema, fundado en el mutuo reconocimiento de los servicios jurisdiccionales nacionales y en la colaboración leal entre sus autoridades.

Así, el régimen jurídico de Cooperación Judicial Internacional se caracteriza ahora, con esta nueva ley en dos niveles regulativos, el nacional basado en los preceptos de esta norma y, el convencional, basado en los Convenios Internacionales suscritos por Bolivia que van desde los Convenios Bilaterales de Cooperación a los Multilaterales en materias específicas. Sobre esta base normativa, es factible sostener que la laguna existente fue colmada a fin de otorgar certeza jurídica en la tramitación y diligenciamientos de Solicitudes de Cooperación Judicial Internacional. Asimismo, esta regulación permite a los operadores jurídicos enmarcar su actuación dentro de la legalidad y seguridad jurídica, promoviendo la unidad y coherencia del sistema  a pesar de la complejidad de las fuentes.

En definitiva, esta regulación beneficia en un doble sentido: en un orden interno evita dualidades o duda interpretativas con que debían enfrentarse  los operadores jurídicos bolivianos  y facilita el recurso a la analogía como instrumento de desarrollo judicial del Derecho. Así, permite la comprensibilidad de nuestro sistema, para los legisladores y las autoridades de otros Estados, facilitando la Cooperación Internacional por vía de Reciprocidad.

 

ANEXOS

 

I) Modelo de transmisión de una Solicitud de Cooperación Jurídica Internacional en materia de Petición Alimentaria:

 

A la Señora:

Karina Marconi Ticona

VICEMINISTRA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

MINISTERIO DE JUSTICIA

Presente.- 

  

                                                           Ref.: Remite Solicitud de Petición Alimentaria.-

Señora Viceministra:

      Tengo a bien dirigirme a usted, con relación a la Nota Bol 02204/2013 de 15 de agosto de 2013 de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos acreditada en el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la cual, se transmite la Solicitud de Petición Alimenticia, librada por la Dirección de Derecho de Familia de la Secretaría de Relaciones Exteriores/Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, promovida por la ciudadana mexicana Claudia Adriana Villa Bermúdez contra Luis Walter Camacho Torrico, a favor de su hija Valeria Camacho Villa, requiriendo el cumplimiento de su Derecho a la Alimentación.        

      Sobre el particular, en mérito al Artículo 410 de la Constitución Política del Estado, que dispone “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa” y, el Artículo 60 que consagra: “Es deber del Estado garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía de recibir protección y socorro en cualquier circunstancia (…) el acceso a una administración de justicia pronta y oportuna”; así como, el Artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, suscrita el 15 de julio de 1996 en la ciudad de Montevideo, República Oriental de Uruguay, ratificada por Bolivia mediante Ley No. 1727 de 13 de noviembre de 1996, que expresa: “La presente Convención tiene como objeto la determinación del derecho aplicable a las obligaciones alimentarias, así como a la competencia y a la cooperación procesal internacional, cuando el acreedor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual en un Estado Parte y el deudor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual, bienes o ingresos en otro Estado Parte”, tengo a bien presentar dicha documentación compulsada, al amparo del citado Instrumento Internacional, que acreditó el 21 de octubre de 2011, al Viceministerio a su cargo, como la Autoridad Central en materia de Obligaciones Alimentarias.    

      Por lo que, mucho se agradecerá, conforme a sus atribuciones emanadas por Ley, valorar la referida Solicitud Internacional, a objeto de su pronunciamiento formal (…)

II)Modelos de remisión de Exhorto Suplicatorio en materia civil, cuya diligencia consiste en la notificación con la Demanda en el domicilio de la parte demandada:

 

 

 

 

Señor:

Jorge Isacc Von Borries Méndez

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sucre.- 

                                         Ref.: Remite Solicitud de Asistencia Jurídica Internacional.

Señor Presidente:

      Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de remitir copia del Oficio Nº 1206/2014/CGRA-DRCI-SNJ-MJ de 12 de marzo de 2014 del Ministerio de Justicia/Secretaría Nacional de Justicia de la República Federativa del Brasil, mediante el cual, presenta la Solicitud de Asistencia Jurídica en Materia Penal, librada por el 1º Juzgado de Violencia Doméstica y Familiar Contra la Mujer de la Circunscripción Judicial de Brasília-DF, dentro de la Acción Penal en razón de Crímenes de Violación y Atentado Violento al Pudor de las hijastras de Raimundo Rodrígues Bento, promovido por el Ministerio Público del Distrito Federal y Territorios de aquél país contra RAIMUNDO RODRÍGUES BENTO, requiriendo la citación del demandado, en su domicilio real ubicado en la zona de Filadelfia, calle de Manuripe, ciudad de Cobija, Departamento de Pando, a efectos de su contestación a la Demanda en el plazo de diez (10) días computables a partir de su notificación.

       Sobre el particular, en atención al Artículo 180, parágrafo I de la Constitución Política del Estado, “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”, y Artículo 4, parágrafo I, numeral 9 de la Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones Exteriores 19 de diciembre de 2013, que establece como atribución de esta Cartera de Estado “Ejercer el rol de autoridad central en materia de cooperación jurídica, judicial, fiscal y administrativa internacional, procurando que las autoridades competentes del país y las instancias requeridas en el exterior cumplan diligentemente sus funciones legales”, presento el referido Trámite Internacional, impetrando a su Autoridad, su diligenciamiento, en el marco del Artículo 38, núm. 8) de la Ley de Organización Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, así como al amparo del Artículo 2, parágrafo 1 de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, ratificada por Bolivia mediante Ley No. 3512 de 8 de noviembre de 2006.

      Con este motivo renuevo a usted las seguridades de mi distinguida consideración (…)

 

 

 

 

 

 

Señor:

Jorge Isacc Von Borries Méndez

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sucre.- 

        Ref.: Remite Solicitud de Asistencia Jurídica Internacional.-

Señor Presidente:

      Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de remitir adjunto a la presente, copia de la Nota R.E.B. Nº 145 de 19 de marzo de 2014 de la Embajada de la República Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia,  mediante la cual, presenta el Exhorto Suplicatorio, librado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 8, dentro de los Autos caratulados “GONZALES ROBERTO OMAR  C/ ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INGRESOS PÚBLICOS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. 145539/2002,  requiriendo información sobre la autenticidad de la publicación adjunta, las condiciones sanitarias y fitosanitarias de la Zona de origen de las mercaderías (maíz, choclo) durante los meses de Junio y Agosto del año 2000; asimismo, información relativa al estado actual de la morbosidad del cólera en este país.

       Sobre el particular, en atención al Artículo 10, parágrafo I de la Constitución Política del Estado, “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los Estados”, el Artículo 257 parágrafo I. “Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley”, el Artículo 38, núm. 8) de la Ley de Organización Judicial Nº 025, así como al amparo de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, suscrita en Panamá, el 30 de enero de 1975 y ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 3367 de 06 de marzo de 2006, presento el referido Trámite Internacional, impetrando a su Autoridad, su diligenciamiento, en el marco del Artículo 4, núm. 9 de la Ley Nº 465 de 19 de diciembre de 2013, del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia que expresa “Ejercer el rol de autoridad central en materia de cooperación jurídica, judicial, fiscal y administrativa internacional, procurando que las autoridades competentes del país y las instancias requeridas en el exterior cumplan diligentemente sus funciones legales”.

       Con este motivo renuevo a usted las seguridades de mi distinguida consideración (…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor:

Gonzalo Hurtado Zamorano

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sucre.- 

        Ref.: Remite Solicitud de Asistencia Jurídica Internacional.-

Señor Presidente:

      Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de remitir adjunto a la presente, copia de la Nota Verbal Nº 327/2013 de 26 de noviembre de 2013 de la Embajada de la República de Cuba en el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la cual, presenta el Exhorto Suplicatorio EC-No. 198/2013, librado por el Tribunal Municipal Popular de Frank País, dentro del Proceso Sumario sobre Alimentos signado No. 110/12, promovido por  Yaumaris Pérez Terrero contra Waldo Roca Abano, requiriendo la notificación personal del demandado con el Acta de Demanda, Auto disponiendo Pensión Provisional, Cédula de Citación y Providencia Inicial en el Proceso indicado, en su domicilio real ubicado en el Barrio Mapajo, C/I, NA, S/N, municipio de Cobija, Provincia Nicolás Suarez del Departamento de Pando.

 

      Sobre el particular, en atención al Artículo 10, parágrafo I de la Constitución Política del Estado, “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los Estados” y, el Artículo 257, parágrafo I. “Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley”; así como, el Artículo 38, núm. 8) de la Ley de Organización Judicial Nº 025, presento la referida Solicitud de Cooperación Judicial Internacional, requiriendo a su Autoridad, su diligenciamiento, en el marco del Principio de Reciprocidad y/o Cortesía Internacional.

       Con este motivo renuevo a usted las seguridades de mi distinguida consideración  (…)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Señor:

Gonzalo Hurtado Zamorano

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sucre.- 

         Ref.: Remite Solicitud de Asistencia Jurídica Internacional.

Señor Presidente:

      Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de remitir adjunto a la presente, copia de la Nota  Nº 9642/2013, Letra: DAJIN, Carpe Nº  591/13 de 13 de agosto de 2013 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, mediante la cual, presenta el Exhorto Suplicatorio, librado por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 13 de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la Causa Judicial Nº 3406/2013, caratulada como “NN  s/  Hurto de Automotor o Vehículo en la Vía Pública, Damn.: Malicoutakis Jorge Daniel”, requiriendo la remisión de actuaciones relacionadas al hallazgo del automotor Marca Alfa Romeo, Modelo 146 TD 2.0, Dominio BMR-637, Turbo Diesel, Motor Nº AR675012024203, Chasis Nº ZAE930000V4102591, Año 1997, Tipo Sedan 5 puertas, de color gris; así como la pericia de originalidad del Chasis y Motor del referido vehículo, a los fines de acreditarse fehacientemente dicha información.

      Sobre el particular, en atención al Artículo 10, parágrafo I de la Constitución Política del Estado “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados” y, el Artículo 257 parágrafo I. “Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley”; así como, el Artículo 38, núm. 8) de la Ley de Organización Judicial Nº 025, envío la referida Solicitud de Cooperación Judicial Internacional, requiriendo a su Autoridad, su diligenciamiento, en atención a lo establecido en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, ratificada por Bolivia mediante Ley No. 3512 de 8 de noviembre de 2006.                 

      Con este motivo renuevo a usted las seguridades de mi distinguida consideración (…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III) Modelo de remisión de  Exhorto Suplicatorio en materia civil, con  traducción  adjunta, para fines de su respectivo diligenciamiento:

 

 

 

 

 

Señor:

Gonzalo Hurtado Zamorano

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sucre.-

         Ref.: Remite Solicitud de Asistencia Jurídica Internacional.

Señor Presidente:

      Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de remitir copia del Oficio Nº 6599/2013/CGRA-DRCI-SNJ-MJ de 01 de noviembre de 2013 del Ministerio de Justicia/Secretaría Nacional de Justicia de la República Federativa del Brasil, mediante el cual, transmite la Solicitud de Asistencia Jurídica en Materia Penal, librada por el Juzgado Criminal de Cáceres, Estado de Mato Grosso, dentro de los Autos del Proceso Penal Nº 2561-73.2012.4.01.3601, Acción Penal Pública Incondicionada promovida a Denuncia del Ministerio Público Federal de aquél país contra LUZ MERCEDES MONDENESI TIZON, requiriendo la localización y citación de la Acusada, portadora de la Cédula de Identidad peruana  Nº 07856328, teléfono  0051199589-6286 (hija), por el Delito de reingreso a territorio brasilero, siendo sometida a procedimiento legal de expulsión, a efectos que la aludida presente defensa escrita en el plazo de 10 (diez) días computables a partir de su notificación.      

      Sobre el particular, en mérito al Artículo 10, parágrafo I de la Constitución Política del Estado “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados” y, el Artículo 257, parágrafo I. “Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley”; así como el Artículo 38, núm. 8) de la Ley de Organización Judicial Nº 025,  adjunto el referido Trámite Internacional, requiriendo a su Autoridad, su diligenciamiento, en atención a lo establecido en la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, ratificada por Bolivia mediante Ley No. 3512 de 8 de noviembre de 2006.                 

      Con este motivo renuevo a usted las seguridades de mi distinguida consideración (…)

 

 

 

 

 

 

Señor:

Jorge Isacc Von Borries Méndez

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sucre.- 

        Ref.: Remite Solicitud de Asistencia Jurídica Internacional.-

Señor Presidente:

      Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de remitir adjunto a la presente, copia de la Nota RK 521  SE MAMANI  OCHOA – AB/ca, N.V.Nº 123/2014  de 19 de marzo de 2014 de la Embajada de la República Federal de Alemania en el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la cual, presenta el Exhorto Suplicatorio, librado por el Juzgado Local de Munich/Sección de Asuntos de Familia 5, dentro de la Causa Judicial promovida por el menor KARIM VOLK, representado por la Oficina de Protección de Menores de la ciudad de Munich, contra JOSÉ MAMANI OCHOA, por Declaración de Existencia de una relación paterno-filial, requiriendo la notificación del demandado, con los documentos procesales adjuntos en doble ejemplar, consistentes en: 1)Copia Certificada del Acta de fecha 29 de octubre de 2013 y, 2) Carta Judicial de fecha 21 de noviembre de 2013, con copia del Auto de fecha 29 de octubre de 2013, incluida información sobre recursos procedentes, así como copia del Auto de Rectificación de fecha 07 de noviembre de 2013; en el domicilio real que reporta el acusado ubicado en Kami Icoya, Ayopaya, Departamento de Cochabamba.

 

      Sobre el particular, en atención al Artículo 10, parágrafo I de la Constitución Política del Estado, “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los Estados”, el Artículo 257 parágrafo I. “Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley”, y el Artículo 4, parágrafo I, numeral 9 de la Ley Nº 465 de 19 de diciembre de 2013, del Servicio de Relaciones Exteriores que establece como atribución de esta Cartera de Estado “Ejercer el rol de autoridad central en materia de cooperación jurídica, judicial, fiscal y administrativa internacional, procurando que las autoridades competentes del país y las instancias requeridas en el exterior cumplan diligentemente sus funciones legales”, transmito el referido Trámite Internacional, impetrando a su Autoridad, su diligenciamiento, en el marco del Artículo 38, núm. 8) de la Ley de Organización Judicial Nº 025, así como al amparo del Principio de Reciprocidad y/o Cortesía Internacional.

       Con este motivo renuevo a usted las seguridades de mi distinguida consideración (… )

 

 

 

 

Señor:

Jorge Isacc Von Borries Méndez

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sucre.- 

         Ref.: Remite Solicitud de Asistencia Jurídica Internacional.

Señor Presidente:

      Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de remitir copia del Oficio Nº 778/2014/CGRA-DRCI-SNJ-MJ de 17 de febrero de 2014 del Ministerio de Justicia/Secretaría Nacional de Justicia de la República Federativa del Brasil, mediante el cual, presenta la Solicitud de Asistencia Jurídica en Materia Penal, librada por el 1º Juzgado Federal de Corumbá, Estado del Mato Grosso do Sul, dentro del Proceso Penal signado con el Número 2006.60.04.000310-4, promovido a denuncia del Ministerio Público Federal de aquél país contra WENCESLAO CUELLAR ROJAS y AGUSTÍN ERLAN TANCARA MENDEZ, requiriendo la notificación de los demandados en sus domicilios reales ubicados en la calle Héroes del Chaco, Nº 14  o, la calle Velazco, s/n, y la calle La Paz Nº 95, ambos de la Localidad de Puerto Suarez del Departamento de Santa Cruz, respectivamente.

       Sobre el particular, en atención al Artículo 10, parágrafo I de la Constitución Política del Estado, “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los Estados”, el Artículo 257 parágrafo I. “Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley”, y el Artículo 4, parágrafo I, numeral 9 de la Ley Nº 465 de 19 de diciembre de 2013, del Servicio de Relaciones Exteriores que establece como atribución de esta Cartera de Estado “Ejercer el rol de autoridad central en materia de cooperación jurídica, judicial, fiscal y administrativa internacional, procurando que las autoridades competentes del país y las instancias requeridas en el exterior cumplan diligentemente sus funciones legales”, transmito el referido Trámite Internacional, impetrando a su Autoridad, su diligenciamiento, en el marco del Artículo 38, núm. 8) de la Ley de Organización Judicial Nº 025, así como al amparo de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, ratificada por Bolivia mediante Ley No. 3512 de 8 de noviembre de 2006.

      Con este motivo renuevo a usted las seguridades de mi distinguida consideración (…)

 

 

 

 

 

IV) Modelo de remisión de  Exhorto Suplicatorio en materia civil con plazo para Audiencia:

 

 

 

Señor:

Gonzalo Hurtado Zamorano

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sucre.- 

        Ref.: Remite Solicitud de Asistencia Jurídica Internacional.-

Señor Presidente:

      Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de remitir adjunto a la presente, copia de la Nota Nº 809/DNTALM/13 de 25 de septiembre de 2013 del Ministerio de Gobierno/Dirección Nacional para la Ejecución de Tratados Asistencia y Cooperación Internacional de la República de Panamá, mediante la cual, transmite la Solicitud de Asistencia Judicial Internacional de 31 de julio de 2013, librada por el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el marco del Proceso Penal promovido contra Danny Ugarte Jiménez  por el Delito Contra los Derechos de Autor y Derechos Conexos, requiriendo la notificación personal del demandado en su domicilio real ubicado en Villa Venezuela, c. Francisco Torrez No. 77 de la ciudad de Cochabamba, con el señalamiento de Audiencia Preliminar, programada para el día 02 de septiembre de 2014 a horas 09:00 a.m.

 

      Sobre el particular, en atención al Artículo 10, parágrafo I de la Constitución Política del Estado, “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los Estados” y, el Artículo 257, parágrafo I. “Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley”; así como, el Artículo 38, núm. 8) de la Ley de Organización Judicial Nº 025, presento la referida Solicitud de Cooperación Judicial Internacional, requiriendo a su Autoridad, su diligenciamiento, en el marco de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, ratificada por Bolivia mediante Ley No. 3512 de 8 de noviembre de 2006.

 

       Con este motivo renuevo a usted las seguridades de mi distinguida consideración (…)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor:

Jorge Isacc Von Borries Méndez

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sucre.-

 

                                          Ref.: Remite Solicitud de Asistencia Judicial  Internacional.

 

Señor Presidente:

         Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de remitir copia de la Nota Oficio N/REF 0003887/2013 – NAC de 07 de febrero de 2014 del Ministerio de Justicia/Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional (p.o.) del Reino de España, mediante la cual, presentó el Exhorto Suplicatorio librado por el Juzgado de Primera Instancia Nº 17 de Barcelona, dentro del Procedimiento Guarda y Custodia Contencioso 796/2013 Sección 2ª, promovido a instancia de LUCIANO PIRIZ TERRADAS contra ANA MARÍA EGUEZ ARAUZ, requiriendo practicar la notificación personal de la demandada, en su domicilio real ubicado en la Av. Alemana, calle 18, Nº 562 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a objeto de su comparecencia a Juicio, para la Audiencia que celebrará el 02 de octubre de 2014.

         Sobre el particular, en mérito al Artículo 10, parágrafo I de la Constitución Política del Estado “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados” y, el Artículo 257, parágrafo I. “Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley” y, al amparo de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, suscrita en Panamá, el 30 de enero de 1975 y, ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 3367 de 06 de marzo de 2006, presento el referido Trámite Internacional, impetrando a su Autoridad, su diligenciamiento, en el marco del Artículo 4, parágrafo II, núm. 9 de la Ley Nº 465 de 19 de diciembre de 2013, del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia que expresa “Ejercer el rol de autoridad central en materia de cooperación jurídica, judicial, fiscal y administrativa internacional, procurando que las autoridades competentes del país y las instancias requeridas en el exterior cumplan diligentemente sus funciones legales”

         Con este motivo renuevo a usted las seguridades de mi distinguida consideración (…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor:

Jorge Isacc Von Borries Méndez

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sucre.- 

        Ref.: Remite Solicitud de Asistencia Jurídica Internacional.-

Señor Presidente:

        Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al Oficio Nº. 1237/2014/CGCI-DRCI-SNJ-MJ de 14 de febrero de 2014 del Ministerio de Justicia/Secretaría Nacional de Justicia de la República Federativa del Brasil, mediante el cual, se transmitió la Solicitud de Asistencia Jurídica Internacional, librada por el Juzgado de la Familia/Sucesiones/Niñez/Juventud de Sao Sebastiao de Paraíso, Estado de Minas Gerais, dentro de la Acción de Divorcio Litigioso, promovida por NILMA MARIA DA SILVA PEDRAZA contra GERMAN ERWIN PEDRAZA VARGAS, requiriendo la citación e intimación del demandado, a fin de su comparecencia a la Audiencia de Intento de Conciliación programada para el día 11 de septiembre de 2014, a horas 14:00.      

         Sobre el particular, en atención al Artículo 180, parágrafo I de la Constitución Política del Estado, “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez” y el Artículo 4, parágrafo II, numeral 9 de la Ley Nº 465 del Servicio de Relaciones Exteriores 19 de diciembre de 2013, que establece como atribución de esta Cartera de Estado “Ejercer el rol de autoridad central en materia de cooperación jurídica, judicial, fiscal y administrativa internacional, procurando que las autoridades competentes del país y las instancias requeridas en el exterior cumplan diligentemente sus funciones legales”, presento el referido Trámite Internacional, impetrando a su Autoridad su diligenciamiento, en el marco del Artículo 38, núm. 8) de la Ley de Organización Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, así como al amparo de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, suscrita en Panamá, el 30 de enero de 1975 y ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 3367 de 06 de marzo de 2006.

       Con este motivo renuevo a usted las seguridades de mi distinguida consideración (…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor:

Gonzalo Hurtado Zamorano

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sucre.-

         Ref.: Remite Solicitud de Asistencia Jurídica Internacional.

Señor Presidente:

      Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de remitir copia de la Nota Prot.: 5, N.V.N. 1 de 03 de enero de 2014 de la Embajada de la República Italiana en el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la cual, presenta la Solicitud de Asistencia Jurídica Internacional, librada por el Tribunal de Roma Sección Jueces de Instrucción, en el marco del Proceso Penal promovido contra Arce Gómez Luis y otro, por la comisión del Delito de Asesinato y otros crímenes conculcados contra ciudadanos italianos en varios Países del “Cono Sur” de 1974 a 1980, requiriendo la interpelación de los imputados ARCE GOMEZ y GARCIA MEZA, a fin de que los sindicados declaren su voluntariedad para asistir a la Audiencia Preliminar mediante Videoconferencia, programada para el día 28 de enero de 2014 a horas 10:00 (hora de Italia) y otras sucesivas; asimismo, requiere a las Autoridades Judiciales competentes del Estado Plurinacional de Bolivia, presenciar la referida Audiencia,  en su condición de punto de enlace.

       Sobre el particular, en mérito al Artículo 10, parágrafo I de la Constitución Política del Estado “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados” y, el Artículo 257, parágrafo I. “Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley”; así como, al amparo del Tratado sobre Asistencia Judicial en Materia Penal, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Italiana, el 18 de abril 1996 en la ciudad de Cochabamba, ratificado mediante Ley Nº 1724 de 13 de noviembre de 1996, transmito el referido Trámite Internacional, impetrando a su Autoridad su diligenciamiento, con la máxima celeridad y prioridad que amerita.

      Con este motivo renuevo a usted las seguridades de mi distinguida consideración (…)

 

 

 

 

 

 

 

 

V)  Modelo de remisión de Exhorto Suplicatorio en materia probatoria.

 

 

 

Señor:

Jorge Isacc Von Borries Méndez

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sucre.- 

         Ref.: Remite Solicitud de Asistencia Jurídica Internacional.

Señor Presidente:

     Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de remitir adjunto a la presente, copia de la Nota Nº: 2272/2014 Carpe. DAJÍN Nº 2549/2013 de 25 de febrero de 2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, mediante la cual, presenta el Exhorto Suplicatorio, librado por el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2, dentro de la Causa Judicial signada con el Número 1231/2013/TOI  (2486), caratulada como “YNCHU TECO, MARÍA ROSARIO S/ INF, LEY 22415”, requiriendo verificar las fichas dactiloscópicas adjuntas en original y su correspondencia con MARÍA ROSARIO YNCHU TECO.

      Sobre el particular, en atención al Artículo 10, parágrafo I de la Constitución Política del Estado, “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los Estados”, el Artículo 257 parágrafo I. “Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley”, y el Artículo 4, parágrafo I, numeral 9 de la Ley Nº 465 de 19 de diciembre de 2013, del Servicio de Relaciones Exteriores que establece como atribución de esta Cartera de Estado “Ejercer el rol de autoridad central en materia de cooperación jurídica, judicial, fiscal y administrativa internacional, procurando que las autoridades competentes del país y las instancias requeridas en el exterior cumplan diligentemente sus funciones legales”, transmito el referido Trámite Internacional, impetrando a su Autoridad, su diligenciamiento, en el marco del Artículo 38, núm. 8) de la Ley de Organización Judicial Nº 025, así como al amparo de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, ratificada por Bolivia mediante Ley No. 3512 de 8 de noviembre de 2006.

       Con este motivo renuevo a usted las seguridades de mi distinguida consideración (…)

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

Señor:

Jorge Isacc Von Borries Méndez

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sucre.- 

 

                               Ref.: Remite Solicitud de Asistencia Jurídica Internacional.-

Señor Presidente:

      Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de remitir adjunto a la presente, copia de la Nota DAJIN Nº: 1613/14, Carpe Nº 308/14 de 10 de febrero de 2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, mediante la cual, presenta el Exhorto Suplicatorio librado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, dentro  de la Causa Judicial signada con el Número 11.021/2013, caratulada como “CLAROS REVOLLO, MARÍA  S/ INF. ART. 145 BIS”, requiriendo la Declaración Testimonial de los ciudadanos bolivianos Máximo Castro García y Delfina Villarroel Alcocer, ambos domiciliados en Potrera-Tiraque del Departamento de Cochabamba, conforme al Pliego Interrogatorio adjunto a dicha Carta Rogatoria.

      Sobre el particular, en mérito al Artículo 10, parágrafo I de la Constitución Política del Estado “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados”, el Artículo 257, parágrafo I. “Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley”, el Artículo 38, núm. 8) de la Ley de Organización Judicial Nº 025 y, al amparo de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, ratificada por Bolivia mediante Ley No. 3512 de 8 de noviembre de 2006, presento el referido Trámite Internacional, impetrando a su Autoridad, su diligenciamiento, en el marco del Artículo 4, núm. 9 de la Ley Nº 465 de 19 de diciembre de 2013, del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia que expresa “Ejercer el rol de autoridad central en materia de cooperación jurídica, judicial, fiscal y administrativa internacional, procurando que las autoridades competentes del país y las instancias requeridas en el exterior cumplan diligentemente sus funciones legales”.              

      Con este motivo renuevo a usted las seguridades de mi distinguida consideración (…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor:

Jorge Isacc Von Borries Méndez

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sucre.- 

         Ref.: Remite Solicitud de Asistencia Jurídica Internacional.

Señor Presidente:

     Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de remitir adjunto a la presente, copia de la Nota Nº: 89/14 Carpe. DAJÍN Nº 3098/2013 de 06 de diciembre de 2013 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, mediante la cual, presenta el Exhorto Suplicatorio, librado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, Provincia de Chubut, dentro de la Causa Judicial signada con el Número 91001111/2010/T01, caratulada como “TENORIO GARCIA, MARIA EUGENIA – CUEVAS ARUQUIPA, EDWIN  S/ NFRACCION ART. 145 TER CP”, requiriendo la citación del ciudadanos bolivianos JUAN AZURDUY URQUIZU y ANTONIA FLORES FRANCO, domiciliados en el Barrio Arocagua-Sacaba y calle San Gabriel s/n, Chapare, Villa Tonares, ambos en la ciudad de Cochabamba, respectivamente, a objeto que los aludidos presten su Declaración Testimonial en la Audiencia de Debate y Juicio programada para el día 31 de junio de 2014 a horas 10:00.

      Sobre el particular, en atención al Artículo 10, parágrafo I de la Constitución Política del Estado, “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como lacooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los Estados”, el Artículo 257 parágrafo I. “Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley”, el Artículo 38, núm. 8) de la Ley de Organización Judicial Nº 025, así como al amparo de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, ratificada por Bolivia mediante Ley No. 3512 de 8 de noviembre de 2006, presento el referido Trámite Internacional, impetrando a su Autoridad, su diligenciamiento, en el marco del Artículo 4, núm. 9 de la Ley Nº 465 de 19 de diciembre de 2013, del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia que expresa “Ejercer el rol de autoridad central en materia de cooperación jurídica, judicial, fiscal y administrativa internacional, procurando que las autoridades competentes del país y las instancias requeridas en el exterior cumplan diligentemente sus funciones legales”

       Con este motivo renuevo a usted las seguridades de mi distinguida consideración (…)

 

 

 

 

 

 

Señor:

Jorge Isacc Von Borries Méndez

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sucre.- 

         Ref.: Remite Solicitud de Asistencia Jurídica Internacional.

Señor Presidente:

     Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de remitir adjunto a la presente, copia de la Nota Nº: 2520/2014 Carpe. DAJÍN Nº 352/2014 de 28 de febrero de 2014 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, mediante la cual, presenta el Exhorto Suplicatorio, librado por el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 38 de la Capital Federal, dentro de la Causa Judicial signada con el Número 27.541/2013, caratulada como “PACO, ANGELO CRISTIAN Y OTRO SOBRE HOMICIDIO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA”, requiriendo recepcionar la Declaración Testimonial de la ciudadana de nacionalidad boliviana ISABEL CASTRO CHOQUE DE CHAMBI al tenor del Pliego interrogatorio adjunto, en su domicilio real ubicado en Villa Israel, Manzana Alfa y Omega, s/n, Provincia Cercado, Departamento de Cochabamba

       Sobre el particular, en atención al Artículo 10, parágrafo I de la Constitución Política del Estado, “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los Estados”, el Artículo 257 parágrafo I. “Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley”, y el Artículo 4, parágrafo I, numeral 9 de la Ley Nº 465 de 19 de diciembre de 2013, del Servicio de Relaciones Exteriores que establece como atribución de esta Cartera de Estado “Ejercer el rol de autoridad central en materia de cooperación jurídica, judicial, fiscal y administrativa internacional, procurando que las autoridades competentes del país y las instancias requeridas en el exterior cumplan diligentemente sus funciones legales”, transmito el referido Trámite Internacional, impetrando a su Autoridad, su diligenciamiento, en el marco del Artículo 38, núm. 8) de la Ley de Organización Judicial Nº 025, así como al amparo de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, ratificada por Bolivia mediante Ley No. 3512 de 8 de noviembre de 2006.

       Con este motivo renuevo a usted las seguridades de mi distinguida consideración (…)

 

 

 

 

 

VI) Modelo de remisión de Exhorto Suplicatorio sobre incumplimiento de diligencia solicitada.

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

 

Señor:

Gonzalo Hurtado Zamorano 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sucre.-

 

 

                                                                                 Ref.: Devuelve Exhorto Suplicatorio.-

 

Señor Presidente:

          Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a su Nota SALA PLENA OF. Nº 572/2013 de 16 de agosto de 2013, por la cual, remite el Exhorto Suplicatorio Nº 524/2013, emitido por vuestro Tribunal a requerimiento del  Dr. Luis Esteban Ortiz Flores, Juez de Instrucción Cautelar Segundo del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, en el marco del  Proceso Penal promovido por el Ministerio Público contra Patricia Galarza Alé y Jesús Edison Llanos Segade, por la presunta comisión del Delito de Receptación, requiriendo la notificación personal de los señores Vicente Martín Bochicchio y Graciela Francisca Bochicchio, con nuevo señalamiento de Audiencia para el 03 de septiembre de 2013.

           Sobre el particular, comunico que el citado Exhorto Suplicatorio fue recepcionado por esta Cartera de Estado recién en fecha 30 de agosto del año en curso, impidiendo su diligenciamiento, debido al escaso tiempo otorgado para su presentación y tramitación ante las Autoridades Competentes de la República Argentina.

          Por lo que, en mérito a la explicación precedente, tengo a bien devolver el citado Requerimiento Internacional, exhortando prever en casos similares o ante la eventual reprogramación de la Audiencia de referencia, su diligenciamiento dentro de un plazo mínimo de 30 días, a objeto de evitarse representaciones y/o devoluciones diplomáticas.

          Con este motivo, agradeciendo su atención, hago propicia la oportunidad  para reiterar a de mi más alta consideración (…)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Señora:

María Isabel Ruiz Hassenteufel

Jueza Sexto de Partido en lo Civil y Comercial

Chuquisaca.-

 

 

                                                              Ref.: Devuelve Exhorto Suplicatorio que indica.-

 

Señora Juez:

        

      Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al Exhorto Suplicatorio librado por el Juzgado a su cargo, dentro del Proceso Ordinario promovido por JULIO COPA CRUZ contra MARCIAL SERRUDO VEDIA, requiriendo la notificación de la demandada, con el Auto de Calificación del Proceso.         

 

      Sobre el particular, remito adjunto a la presente, copia de la Nota EBAR- 404/2013 de 25 de julio de 2013 de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en la República Argentina, mediante la cual, adjunta la Nota Verbal Nº  8527/13 (Carpe DIAJU 6409/2006) de 18 de julio de 2013 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de aquél país, devolviendo el Exhorto Suplicatorio de referencia sin diligenciar, toda vez que se registra como inexistente la calle 159 en el Partido de Florencio Varela, conforme el nomenclador y, plano oficial del catastro argentino.

 

      Con este motivo, agradeciendo su atención, hago propicia la oportunidad  para reiterar a usted las seguridades de mi más alta consideración (…)         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señor Embajador:

         Tengo a bien dirigirme a usted, con relación al Oficio Nº. 023/2013/CGCI-DRCI-SNJ-MJ de 03 de enero de 2013 del Ministerio de Justicia/Secretaría Nacional de Justicia de la República Federativa del Brasil, mediante el cual, transmitió la Solicitud de Asistencia Jurídica Internacional, a través de Exhorto Suplicatorio, librado por el Juzgado de Derecho del Sexto Tribunal de la Familia y Sucesiones de la Comarca de Guarulhos, Estado de Sao Paulo, dentro de los Autos sobre Alimentos, signado con el número 1500/11, promovido por MOISES FLORES MAMANI  y SAIDA VERÓNICA CLAROS MONTANO, requiriendo la notificación de FREDDY ERICK SALAZAR PENA, a efectos de comunicarle la anticipación de la tutela para el fin de concederle la custodia provisional de la menor de edad KIARA THAIS SALAZAR  CLAROS y, que el aludido responda a la Acción incoada, dentro del plazo de 15 días, a partir de su legal notificación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

        Sobre el particular, revisada que fuera la referida Solicitud de Cooperación Jurídica Internacional, se evidencia que las Autoridades de aquél país requirieron su diligenciamiento sin invocar un  Instrumento Internacional, lo cual imposibilita su procesamiento; sin embargo, a efectos de atender el requerimiento principal, se sugiere considerar la Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas Rogatorias, suscrita en Panamá, el 30 de enero de 1975, ratificada por Bolivia, mediante Ley Nº 3367 de 06 de marzo de 2006.

 

         Por lo que, mucho se agradecerá a su Autoridad, devolver la referida Solicitud a conocimiento de las Autoridades Requirentes de aquél país, para su respectivo rencausamiento y complementación.

 

          Con este motivo, agradeciendo su atención, hago propicia la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi más alta consideración (…)

  

 

 

 

 

 

 

 

Al Señor

Emb. Jerjes Justiniano Talavera

EMBAJADOR DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EN LA  REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

BRASILIA   -  BRASIL (…)

 

 

 

 

 

 

 

Al Señor:

Félix Paz Espinoza

JUEZ QUINTO DE PARTIDO DE FAMILIA

Presente.-

 

                                                                                                       Ref.: Devuelve Exhorto.

 Señor Juez:

             Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al  Exhorto Suplicatorio librado por su Autoridad, dentro del Proceso Ordinario de Divorcio Absoluto, promovido por JHONNY LUIS QUINO AVERANGA contra MARÍA CRISTAL MIRANDA HUAYLLARES, requiriendo la notificación personal de la demandada, con el Auto de 25 de noviembre de 2010, cursante a fojas cinco y cinco vlta. de obrados, Providencia de 23 de noviembre de 2012 cursante a fojas siete y siete vlta. de obrados y, Providencia de 13 de mayo de 2013 cursante a fojas siete vlta. y ocho de obrados, especificando señalamiento de nuevo domicilio real de la precitada demandada, ubicado en Nro. 4743, Kandel  CT, Annandale Va 22003, Estado de Washigton, Estados Unidos de América, a los fines que la procesada responda a la Acción incoada en su contra, en el término de 15 días computables a partir de su legal notificación.

       Sobre el particular, y con carácter previo a su diligenciamiento, comunico que el Departamento de Justicia de dicho país concedió a ABC Legal y su división Process Forwarding International, la gestión del servicio de notificación de documentos judiciales, como el único medio reconocido y habilitado para dicho efecto, previo pago de una tarifa única de 95,00 USD (Noventa y Cinco Dólares Americanos), a depositarse en la cuenta de Wells Fargo Account Nº 2007107119, Routing Nº 121000248, Swift Code: WFBIUS6S.

       Por lo que, en mérito a la explicación precedente, corresponde la devolución del referido Exhorto Suplicatorio, a objeto que una vez efectuado el pago requerido, se adjunte la constancia o recibo de su cancelación al mismo, para fines de su procedencia y  diligenciamiento en aquél país.

           Con este motivo, aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi distinguida consideración (…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la Señora:

Consuelo Chacon Schmidt de Méndez

JUEZ TERCERO DE PARTIDO EN LO CIVIL Y COMERCIAL

Presente.-

                                                  

                                                                              Ref.: Devuelve Exhorto Suplicatorio.-

 

Señor Juez:

       Tengo a bien dirigirme a usted, con relación al Exhorto Suplicatorio de 17 de junio de 2013, emitido por su Autoridad, dentro del Proceso Civil Ordinario promovido por Roberto Alejandro Munin Pradeña contra Orbisat da Amazonia Industria e Aerolevantamiento  S.A., legalmente representada por los señores Rogelio Ferraz de Camargo y Jao Roberto Moreira Neto, sobre Reconocimiento de Firmas, requiriendo la citación y emplazamiento de ROGELIO FERRAZ DE CAMARGO en su domicilio real ubicado en calle Victorio Penellupi Nº 95, Jardín Colonia, CEP 12242-150, Sao José dos Campos-SP-Brasil y JAO ROBERTO MOREIRA NIETO en su domicilio real ubicado en calle Fernao Días Nº 265, Parque Nova  Europa, CEP 12242-580, Sao José dos Campos-SP-Brasil, a objeto de promover su comparecencia,  para el reconocimiento de firmas y rúbricas, estampadas en el Contrato de Servicios y Asesoramiento celebrado en fecha 15 de diciembre de 2011, bajo apercibimiento de su declaratoria de rebeldía.

        Al respecto, considerando  que la diligencia invocada en el referido Exhorto Suplicatorio, deben procesarse por Autoridades Judiciales del Estado requerido, corresponde transmitir la documentación transmitida a su idioma respectivo, en cumplimiento al Artículo 5 de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias ratificada por Bolivia mediante Ley Nro. 3367 de fecha 6 de marzo de 2006 que dispone “Los exhortos o cartas rogatorias se cumplirán en los Estados Partes siempre que reúnan los siguientes requisitos: a. Que el exhorto o carta rogatoria se encuentre legalizado, salvo lo dispuesto en los Artículos 6 y 7 de esta Convención. Se presumirá que el exhorto o carta rogatoria se halla debidamente legalizado en el Estado requirente cuando lo hubiere sido por funcionario consular o agente diplomático competente; b. Que el exhorto o carta rogatoria y la documentación anexa se encuentren debidamente traducidos al idioma oficial del Estado requerido”.

       Por lo que, en mérito  a la explicación precedente, corresponde la devolución íntegra de dicho Exhorto Suplicatorio, para fines de su complementación y, evitar eventuales representaciones diplomáticas.

       Con este motivo, agradeciendo su atención, hago propicia la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi más alta consideración (…)          

 

 

 

 

VII)  Modelo de remisión de Solicitud de Asistencia Jurídica Internacional con el objeto de anotación de sentencia extranjera, dentro de un Proceso de Divorcio Absoluto.

 

 

 

 

Al Señor:

Gonzalo Hurtado Zamorano

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sucre.-

  

         Ref.: Remite Solicitud de Asistencia Jurídica Internacional.

Señor Presidente:

       Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de remitir copia de la Nota R.E.B. Nº 30 de 16 de enero de 2013 de la Embajada de la República Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la cual, transmite el Exhorto Diplomático, librado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 85, de la ciudad de Buenos Aires, dentro de los autos caratulados “MENDEZ CORTEZ, LIZ PATRICIA y CASADO EDUARDO  S/  DIVORCIO ART.  215 CODIGO CIVIL” EXPTE. Nº 32.877/2011, requiriendo la inscripción de la parte resolutiva de la Sentencia de 12 de septiembre de 2011, que determinó el divorcio vincular de Liz Patricia Méndez Cortez y Eduardo Casado y su inscripción en el Registro Civil del Departamento de Beni.

       Sobre el particular, en atención en el Art. 38, numeral 8) de la Ley Nº 25 de Organización Judicial, transmito la referida Solicitud de Cooperación Judicial Internacional, requiriendo a su Autoridad, su diligenciamiento, en el marco de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, ratificada por Bolivia mediante Ley Nro. 1853 de 07 de abril de 1998.

       Con este motivo, agradeciendo su atención, hago propicia la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi más alta consideración (…)          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Señor:

Gonzalo Hurtado Zamorano

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sucre.-

 

         Ref.: Remite Solicitud de Asistencia Jurídica Internacional.

Señor Presidente:

         Tengo a bien dirigirme a usted, a objeto de remitir copia de la Nota R.E.B. Nº 29  de 16 de enero de 2013, de la Embajada de la República Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la cual, adjunta el Exhorto Diplomático, librado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 25,  de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de los autos caratulados “VACAFLOR SORUCO, AMÉRICO JAVIER y VALDÉZ  OLGA ISABEL  S/ DIVORCIO, ART. 214, INC. 2ª, CÓDIGO CIVIL”, requiriendo la inscripción de la parte resolutiva de la Sentencia de 22 de abril de 2009, que determinó el divorcio vincular de Américo Javier Vacaflor Soruco y Olga Isabel Valdez, disuelta la sociedad conyugal con efecto retroactivo, tenencia de menor y régimen de visitas y alimentos, ante el Registro Civil- Oficialía Única del Departamento de Tarija, Provincia de Cercado de este país.

        Sobre el particular, en atención en el Art. 38, numeral 8 de la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2012, transmito la referida Solicitud de Cooperación Judicial Internacional, requiriendo a su Autoridad, su diligenciamiento, en el Marco de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, ratificada por Ley Nro. 1853 de 07 de abril de 1998.

         Con este motivo, hago propicia la oportunidad para renovar a usted las seguridades de mi muy distinguida consideración (…)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al señor

Gonzalo Miguel Hurlado Zamorano

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Sucre.-

Ref.: Aclaración Caso Inscripción de Sentencia

Señor Presidente:

            Tengo a bien dirigirme a usted, con relación a la Nota CITE: ARI/TSJ Nro 052/2013 de 12 de julio, recepcionada el 25 de julio, mediante la cual, remite el Informe ARI/TSJ/016/13 de 12 de julio de 2013, emitido por la Dra. K. Fabiana Fiorilo De la Via, Asesora de Relaciones Internacionales del Tribunal a su cargo, en respuesta a la Nota GM-DGAJ-UAJI-1021-13 de 25 de abril de 2013 de esta Cartera de Estado, sobre la aplicación preferencial de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, en relación a la homologación de la Sentencias Extranjeras, dispuesta en los Artículos 552. 557, 560 y numerales 1) y 2) del Artículo 558 del Código de Procedimiento Civil Boliviano.

 Al respecto, de acuerdo con el citado Informe, se infiere principios y consideraciones del Derecho Internacional relacionados a Acuerdos Internacionales, Convenios. Tratados y Otros, preceptos y jerarquías Constitucionales; sin embargo la aludida profesional en su conclusión confunde el alcance de dos Instrumentos Internacionales, la "Convección Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias" y la "Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros", las cuales fueron convenidas para situaciones distintas.

                Así, el Artículo 1. del primer Instrumento Internacional {Convección Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias) prevé "La presente Convención se aplicará a las sentencias judiciales y laudos arbitrales dictados en procesos civiles, comerciales o laborales en uno de los Estados Partes (...)* por su parte, el Articulo 2, de   la segunda {Convención   Interamericana   sobre   Eficacia   Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros) señala "La presente Convención se aplicará a los exhortos o cartas rogatorias expedidos en actuaciones y procesos en materia civil o comercial por los órganos jurisdiccionales de uno de los Estados Partes que tengan por objeto: a) La realización de actos procesales de mero trámite, tales como notificaciones, citaciones o emplazamientos en el extranjero; b) La recepción y obtención de pruebas de informes en el extranjero, salvo reserva expresa al respecto", evidenciándose que el criterio emitido resulta contradictorio y no responde a la preocupación transmitida por esta Cartera de Estado, a través de la Nota GM-DGAJ-UAJI-1021-13 de 25 de abril de 2013.

    Por lo que, considerando dichos extremos, tengo a bien reiterar la solicitud de criterio y pronunciamiento oficial respecto a la aplicación preferencial de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, sobre el Proceso de Homologación de Sentencias Extranjeras, establecido en el Articulo 552 y siguientes del Código de Procedimiento Civil Boliviano (…)

 

 

Índice

 

I.  Bases constitucionales del nuevo Código Procesal Civil……………………………………  2

II.- Consideraciones Generales sobre el régimen de la Cooperación Judicial Internacional en la normativa boliviana……………………………………………………………………………… 2

III.- Consideraciones sobre la Dimensión Judicial del  caso privado internacional ……………………………………………………………………………………………………………... 4

IV.- Cooperación Jurisdiccional Internacional………………………………………................... 8

V.- Fundamentos y naturaleza de la Cooperación Jurisdiccional Internacional……………. 9

VI.-  Grados de la Cooperación Jurisdiccional Internacional…………………......................  10

A.   Primer nivel de Asistencia……………………………………………………...................  10

 

B.   Asistencia cautelar internacional, segundo nivel de cooperación……...................  10

 

C.   El Reconocimiento de la eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros………………………………………………………………………...  10

VII.- Transmisión de la Cooperación Jurisdiccional, el Exhorto………………….................  12

A.   Vías para la transmisión de los exhortos………………………………………………...  12

 

1) Vía Diplomática o Consular……………………………………………………………...  13

            2) Vía particular  ……………………………………………………………………………..  13

            3) Vía Judicial…………………………………………………………………………………   13

            4) Comunicación directa entre jueces de frontera……………………………………..  14

            5) Vía Autoridad Central……………………………………………………………………   14

VIII.- Cooperación de mero trámite y probatoria…………………………………...................   15

A.   Transmisión de las solicitudes de cooperación de mero trámite y probatoria…………………………………………………………………………………   15

 

B.   Requisitos a los que deben ajustarse las solicitudes de cooperación......................................................................................................     15

 

-       Requisitos Formales……………………………………………………………………….    16

 

a)    Requisitos destinados a asegurar la autenticidad………………………………   16

 

1)    Legalización…………………………………………………………………………………    16

 

2)    Otros requisitos que también persiguen asegurar la autenticidad de  solicitud……………………………………………………………………………………..     16

 

3)    Traducción…………………………………………………………………………............      17

           b)  Requisitos destinados a facilitar el cumplimiento del exhorto…….................      17

-  Requisitos Procesales………………………………………………………………................      17

1)   Identificación del órgano jurisdiccional requirente………………………....................      17

2)    Nombre y domicilio del apoderado del solicitante en el Estado requerido…………     18

3) Información del plazo que dispone el destinatario de la medida para   cumplirla…………………………………………………………………………………….............     18

4)  Descripción de formas o procedimientos especiales con los que se cumplirá la cooperación rogada……………………………………………………………...........................     18

5) Requisito sustancial, no afectación del orden público internacional del Estado exhortado……………………………………………………………...........................................     18

c)   Requisitos específicos de las solicitudes de cooperación probatoria………………..    19

1) Resumen del Juicio que facilite la diligencia...............................................................     19

2) Nombre y domicilio de testigos y otras personas o instituciones que deban intervenir y otros datos indispensables para la recepción de la prueba............................................    19

3) Texto de interrogatorios y otros documentos necesarios………………………………..    20

    -  Diligenciamiento…………………………………………………………….........................    20

1) Impulso procesal…………………………………………………………………………………     20

2) Costos, principio de gratuidad…………………………………………………....................     20

3) Empleo de medios coercitivos………………………………………………........................     21

 

4) Presencia de las partes y de la Autoridad requirente en el diligenciamiento del Exhorto……………………………………………………………………………...........................    21

  

5)  Deber de informar sobre los motivos del incumplimiento del Exhorto.......................     21

 

6) Autonomía del acto cooperacional………………………………......................................     21

 

VIII.- Cooperación Cautelar……………………………………………………………................     22

 

1)   Aspectos Generales…………………………………………………………….......................    22

 

2) La cooperación cautelar internacional en el Derecho Convencional regional………………………………………………………………………………........................    23

 

A)   Soluciones tradicionales, los Tratados de Montevideo de Derecho Procesal Internacional…………………………………………………….......................................    23

 

-       Tratado de Derecho Procesal de 1889………………………………………................    23

 

-       Tratado de Derecho Procesal Internacional de 1940……………………..................    24

 

3) La cooperación cautelar internacional en el actual marco normativo regional……………………………………………………………………………...........................     25

 

A.   Ámbito de Regulaciones…………………………………............................................     25

 

1)    Ámbito espacial…………………………………………………………………....................      25

 

2)    Ámbito Material………………………………………………………………........................      25

 

3)    La cooperación debe ser requerida y diligenciada por tribunales y el exhortante debe poseer jurisdicción internacional para conocer el litigio cuyo resultado la cautela pretende asegurar……………………………………………………………………………...     26

 

B. Transmisión de las solicitudes de cooperación cautelar………………........................     27

 

C. Oposición a las Medidas Cautelares…………………………………………………………     27

 

D. Cooperación cautelar de urgencia……………………………………………….................      27

 

IX.- Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras………………………………      28

X.- Consideraciones Finales……………………………………………………………….........       33

Anexos

 

 

 

 

 

 

Bibliografía

 

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[1] Abogada, con Maestría en Derecho Constitucional y Acciones Procesales Constitucionales, cursada con excelencia académica en la Universidad Mayor de San Andrés.  Actualmente ejerce funciones en el Área Jurídica Internacional/ Cooperación Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.

[2] La Cooperación Jurídica Internacional ha aumentado de modo muy importante en los últimos años en el caso de nuestro país, el número de Rogatorias transmitidas desde y hacia nuestro país vía Autoridad Central, ha alcanzado considerables cifras.

[3] El reconocimiento de la Eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, máximo nivel “latu sensu” de cooperación jurídica internacional, en razón del modo como afecta al Estado en que se pretende su eficacia  y los derechos de los particulares,  entendemos que conforma un ítem particularizado de la dimensión judicial  del caso privado internacional, sujeto a condiciones y controles específicos.

[4] Vr. gr., “Derecho Internacional Privado”, T. I, Pérez Vera, E. (coordinadora), González Campos, J. D., Abarca Junco, P., Calvo Caravaca, A. L., Virgós Soriano, M., pág. 19, UNED, Madrid, 1987. En el mismo sentido, Fernández Arroyo, D. “Derecho Internacional Privado (Una mirada actual sobre sus elementos esenciales)”, Ed. Advocatus, Córdoba, 1998, págs. 23 y sgts. En relación a esta materia es conveniente señalar las aportaciones en Derecho Internacional Privado propuestas por el Dr. Esplugues Mota, C.,  en su libro “Derecho internacional privado”. Tirant lo Blanch. 2008; asimismo, es aconsejable revisar Arenas García, R., “Fundamento, condiciones y procedimiento de la asistencia judicial internacional”, en Cooperación Jurídica Internacional, Madrid: Boletín Oficial del Estado, 2001, págs. 69-124. Además, Adam Muñoz, Mª D., “El proceso civil con elemento extranjero y la cooperación judicial internacional”, Editorial Aranzadi, 1995, págs. 95 y sgts. Boletines de consulta: Aguilar Benítez De Lugo, M., “Comisiones rogatorias y obtención de pruebas en el extranjero”, en Boletín de Información del Ministerio de Justicia español, 1905, págs. 3635- 3666;  Álvarez Gonzáles, S., “Cooperación jurídica internacional”, Madrid, Escuela Diplomática: Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales: Boletín Oficial del Estado, 2001, págs. 234; Garcimartín Alférez, F. J., “Sobre el fundamento de la cooperación internacional”, Cooperación jurídica internacional, Colección Escuela Diplomática, vol. 5, Madrid, 2001, págs. 25  y sgts.

 

 

 

 

[5] Los Tratados de Montevideo de Derecho Procesal Internacional de 1889 y 1940, arts. 1 y 2 de los mismos, consagraron con anterioridad igual solución. La Ley de Venezuela de Derecho Internacional Privado del 6.8.1998, también acoge el criterio de Balduinus y somete el procedimiento al “Derecho del funcionario ante el cual se desenvuelve”, art. 56; idem, el Código de Bustamante, art. 314.

[6] Meijers, E. M., “L Histoire des principes fundamentaux du Droit international privé a partir du Moyen Age specialement dans l´Europe occidentale”, Recueil des Cours, 1994, T. II, págs. 664 a 668.

[7] Entre otras: de 1954 sobre Procedimiento Civil; de 1958 sobre Competencia del Foro Contractual en Casos de Ventas Internacionales de Bienes Muebles Corporales, y sobre Reconocimiento y Ejecución de Decisiones en Materia de Obligaciones Alimenticias; de 1961 concerniente a las Autoridades Competentes y Ley Aplicable en Materia de Protección de Menores; de 1965 relativas a la Notificación en el Extranjero de Actas Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, y sobre Acuerdos de Elección de Foro; de 1970 sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil y Comercial; de 1971 sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras en Materia Civil o Comercial; de 1973 concerniente al Reconocimiento y Ejecución de Decisiones relativas a Obligaciones Alimenticias; de 1980 sobre Acceso Internacional a la Justicia. Textos a los cuales corresponde agregar otras Convenciones que al atender temas como la protección internacional de menores, también han legislado cuidadosamente acerca de la dimensión judicial de las mismas, vr., gr., Convenciones de 1980 sobre Aspectos Civiles del Secuestro Internacional de Menores; de 1993 sobre Protección del Niño y Cooperación en Materia de Adopción Internacional; de 1996 relativa a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento y la Ejecución en Materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños; etc.

[8] Tales, entre los principales, Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, Decisión CMC 05/92; Enmienda al Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional, Decisión CMC 07/02; Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional entre los Estados Parte del Mercosur y Bolivia y la República de Chile, Decisión CMC 08/02; Protocolo de Medidas Cautelares, Decisión CMC 27/94; Acuerdos sobre el Beneficio de Litigar sin Gastos y Asistencia Jurídica Gratuita entre los Estados Parte del Mercosur y Bolivia y la República de Chile, respectivamente, Decisiones CMC 49/00 y 50/00. Textos a los que se deben agregar otros referidos a jurisdicción internacional, tales, el Protocolo sobre Jurisdicción Internacional en Materia Contractual, Decisión CMC 01/94; el Protocolo en Materia de Responsabilidad Civil Emergente de Accidentes de Tránsito -ley aplicable y jurisdicción competente- Decisión CMC 01/96; el Protocolo sobre Jurisdicción Internacional en Materia de Relaciones de Consumo, Decisión CMC 10/96; y Acuerdos sobre Jurisdicción en Materia de Contrato de Transporte Internacional de Carga entre los Estados Parte del Mercosur y entre los Estados Parte del Mercosur y Bolivia y la República de Chile, Decisiones 11/02 y 12/02. A tales regulaciones se deben sumar aquellas referidas a cooperación penal internacional y extradición, Protocolo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales, Decisión CMC 02/96; Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Parte del Mercosur y Bolivia y la República Chile, Decisión CMC 12/01; y Acuerdos de Extradición entre los Estados Parte del Mercosur, Decisión CMC 14/98, y entre los Estados Parte del Mercosur y Bolivia y la República de Chile, Decisión CMC 15/98.

[9] Opertti, D., “La Asistencia Judicial Internacional” en Curso de Derecho Procesal Internacional, varios autores, Landoni Sosa, A. (coordinador), Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1997, págs. 134 y 135.

[10] Criterio atributivo de jurisdicción consagrado por los Tratados de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1889 y 1940, art. 56 de ambos.

[11] Entendemos con Carnelutti que la distinción entre función procesal o jurisdiccional y función administrativa, radica en que el tribunal no es titular de un interés en conflicto, sino que actúa por fuera y por encima del conflicto, mientras que el administrador es titular de un interés y actúa para la satisfacción del mismo. Barrios de Angelis tipifica con precisión la esencia de la función jurisdiccional, indicando que consiste en “el poder público que se atribuye a órganos estructuralmente imparciales para excluir la insatisfacción jurídica”, D. Barrios de Angelis “Teoría General del Proceso, enseñanza de la misma” en Rev. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la República, Montevideo, 1999. T.XVIII, pág. 120.

[12] Así, a nivel interamericano, Convención sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, arts. 2, 8.b y 10 párrafo 2º; Protocolo Adicional a la Convención sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, arts. 1, 3.c y 4 párrafo segundo, parte final y Anexo al Protocolo Adicional, Forma A, “Modelo de Exhorto o Carta Rogatoria” y Forma B, “Información esencial para el notificado”, Numeral III; Convención sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, arts. 2, 4 numeral 5, 6 y 8; Protocolo Adicional a la Convención sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, arts. 3 párrafo segundo “in fine”, y 5, Anexo al Protocolo Adicional, Formulario A numeral 1 y parte final del Formulario A; Convención sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, arts. 2, 3 párrafo 1ero., 5 párrafo 1ero. y 16 párrafo 2do. A nivel de Acuerdos concluidos en el Mercosur, Protocolo de Las Leñas sobre Cooperación y Asistencia Jurisdiccional, Decisión CMC 05/92, art.6.a y Acuerdo espejo entre los Estados Parte del Mercosur y Bolivia y la República de Chile, Decisión CMC 08/02, mismo artículo; Protocolo de Ouro Preto de Medidas Cautelares, Decisión CMC 27/94, arts. 4, 5, 9 párrafo dos, 14, 15, 19, párrafo cuarto, 21.a y 22.  La exigencia de calidad jurisdiccional del órgano requirente en casos de asistencia penal internacional, a causa de las diferencias existentes entre los sistemas procesales inquisitivos y acusatorios, ha sido sustituida por el requisito de que la solicitud emane de autoridad competente en el Derecho requirente para la investigación o enjuiciamiento del delito, vr. gr., Convención Interamericana de Asistencia Mutua en Materia Penal de Nassau de 1992; ver al respecto, E. Tellechea Bergman, “Derecho Internacional Privado -Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal- Marco Conceptual y Normativo”, T.I, Montevideo, F.C.U., 2003.

[13] Q. Alfonsín/J. Lisbonne, “Buletin de jurisprudence uruguayenne” en Journ. Dr. Int, París, 1958, Nro. 2, págs. 460-464.

[14] D. Opertti, “Exhortos y Embargos de Bienes Extranjeros. Medios de Cooperación Judicial Internacional”, Montevideo, Ediciones Jurídicas Amalio Fernández, 1976, pág. 43.

[15] Huber hablaba de una “comitas gentium” que en última instancia resultaba obligatoria, pues se fundaba en “el interés común y la convención tácita entre los pueblos”; idem, E. M. Meijers, (nota 6).

[16] S. Sentís Melendo, “El auxilio entre jueces de distinta jurisdicción” en Revista La Ley, nº 48, Buenos Aires, octubre-diciembre 1956, pág. 70; A. Miaja de la Muela, “Derecho Internacional Privado”, Tomo II, Madrid, 1957, pág. 459.

[17] Opinión citada por M. Capelletti en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, año VIII, nº 22-23, enero-agosto 1975, pág. 133.

 

[18] Tal lo previsto, vr. gr., por las Convenciones Interamericanas sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, art. 10 párrafo segundo; Recepción de Pruebas en el Extranjero, art. 6; Cumplimiento de Medidas Cautelares, art. 15.b; y Protocolos del Mercosur sobre Cooperación y Asistencia Jurisdiccional, Decisión CMC 05/92, art. 12 párrafo segundo; y de Medidas Cautelares, Decisión CMC 27/94, art 21.e.

[19] En  nuestro país, del total de los exhortos presentados y tramitados vía Autoridad Central, la mayoría corresponden a tal tipo de cooperación, promedio similar al alcanzado en años anteriores sobre cifras totales menores.

[20] Tal lo señalado, entre otros, por Q. Alfonsín, “Cooperación Judicial Internacional” en Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, año IX, Nº 1,Montevideo, 1958, pág. 168; ídem, V. Romero del Prado, “Derecho Internacional Privado”, Tomo III, Córdoba, Ediciones Assandri, 1961, pág. 378. En igual sentido,respuesta afirmativa del A. Vargas Guillemette, en ocasión delplanteo realizado en la Comisión de Derecho Procesal Internacional del Congreso deMontevideo por la Delegación de Paraguay acerca de si “exhortos” o “cartas rogatorias” eran conceptos sinónimos.

[21] Error en el que muchas veces se incurre en la práctica en nuestros países y aún en la denominación de algún texto convencional, tal, la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, que en puridad refiere a la cooperación de mero trámite y probatoria.

[22] Tal lo dispuesto por el Protocolo de San Luis sobre Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre los Estados Parte del Mercosur, Decisión CMC 02/96 y el Acuerdo espejo de Montevideo en la materia, concluido entre los Estados Parte del Mercosur, Bolivia y la República de Chile, Decisión CMC 12/01, artículos 6 numeral 2 de ambos. En igual sentido, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, art. 96.1. Al respecto, ver E. Tellechea Bergman (nota 14), págs. 25 y siguientes. En lo referido a extradición, se admite en los textos más recientes que las solicitudes de “detención preventiva” puedan ser cursadas a través de fax u otros modos que permitan una constancia escrita. También ver García Cano, S., “Evolución de las técnicas de cooperacióninternacional entre autoridades en el derecho internacional privado”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nº. 112, 2005.

 

[23] En el ámbito americano, Argentina, Estados Unidos, México, Bahamas, Belice, Ecuador, Panamá han aprobado la Convención de La Haya. Las Convenciones Interamericanas sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, art. 5.a; y Recepción de Pruebas en el Extranjero, art. 13, requieren legalización en relación a la vía particular. En igual sentido, salvo que entre el Estado requirente y el requerido se hubiere suprimido el requisito o se hubiere sustituido por otra formalidad, Enmienda al Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional entre los Estados Parte del Mercosur, Decisión CMC 07/02, art. 10 párrafo tercero; Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional entre los Estados Parte del Mercosur y Bolivia y la República de Chile, mismo artículo; y Protocolo de Medidas Cautelares, Decisión CMC 27/94, art. 19 párrafo tres.

[24] Así lo resultante de las Convenciones Interamericanas sobre Restitución Internacional de Menores de 1989 y sobre Tráfico Internacional de Menores de 1994; y de La Haya de 1980 sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y de 1993 sobre Protección del Niño y Cooperación en Materia de Adopción Internacional, etc.

[25] Convenciones Interamericanas de Panamá de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero y Protocolos Adicionales de Montevideo de 1979 a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y de La Paz de 1984 a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero. Protocolo del Mercosur sobre Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa, Decisión CMC 05/92, especialmente, Capítulo IV, “Cooperación en actividades de mero trámite y probatorias”. Además del Protocolo señalado, cabe recordar que en el Mercosur se han aprobado sobre la materia la Enmienda al Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional, Decisión CMC 07/02; y el Acuerdo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional entre los Estados Parte del Mercosur y Bolivia y la República de Chile, Decisión CMC 08/02, regulaciones aún no vigentes.

[26] Conforme, Convención sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, art. 14 párrafo primero.

[27] E. Tellechea Bergman, “Legalización de Documento Extranjero” en Revista Uruguaya de Derecho de Familia, nº 6, Montevideo, junio de 1991, págs. 33 a 41. Q. Alfonsín señala de manera coincidente que la legalización “produce laautenticidad de los documentos públicos extranjeros”, “Legalización indirecta” en Revista La Justicia Uruguaya, T. XXV, pág. 79.

[28] En materia de cooperación de mero trámite y probatoria, entre otras, Convenciones Interamericanas de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, art. 5.a; y Recepción de Pruebas en el Extranjero, art. 10.1.

[29] A nivel del Mercosur recibe igual solución el Protocolo de Medidas Cautelares, Decisión CMC 27/94, art. 19, párrafo cuarto.

[30] La Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias requiere igualmente al respecto: “Información escrita acerca de cual es el órgano jurisdiccional requirente...”, art. 8.b, primera parte.

[31] En el grado de la cooperación en examen, Convenciones Interamericanas sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, art. 5.b y Recepción de Pruebas en el Extranjero, art. 10.2; Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional entre Estados Parte del Mercosur, Decisión CMC 05/92 y Acuerdo espejo entre los Estados Parte del Mercosur y  Bolivia y la República de Chile, Decisión CMC 08/02, Capítulos IV, “Cooperación en Actividades de Mero Trámite y Probatorias”, arts. 10 de ambos textos.

[32] El Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un órgano jurisdiccional que no integra el Poder Judicial.

[33] Así lo dispuesto por las Convenciones Interamericanas sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, art. 10 párrafo segundo y sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, art. 6; Protocolo del Mercosur sobre Cooperación y Asistencia Jurisdiccional Internacional, art.12, parte final, e igual artículo del Acuerdo espejo entre los Estados Parte del Mercosur y  Bolivia y la República de Chile.

[34] Convenciones Interamericanas de 1975 sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, art. 17 y Recepción de Pruebas en el Extranjero, art. 16; Protocolo sobre Cooperación y Asistencia Jurisdiccional entre los Estados Parte del Mercosur; y Acuerdo entre los Estados Parte del Mercosur y  Bolivia y la República de Chile, arts. 8 y 12 “in fine” de los mismos.

[35] D. Opertti, “Medidas cautelares con especial referencia al Derecho Procesal Internacional”, numeral 18, “Nuestra posición actual” en II Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, Tomo I, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1986.

[36] W. Goldschmidt, (nota 4), pág. 479.

[37] Posición coincidente con la sostenida por la iusprivatista internacional Prof. Tatiana B. de Maekelt al analizar la Convención de Panamá de 1975 sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, T. de Maekelt, “Conferencia Especializada de Derecho Internacional Privado (CIDIP I)”, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1979, pág.86.

[38] Así lo previsto por la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, art. 4.3; Protocolo del Mercosur y Acuerdo entre los Estados Parte del Mercosur y Bolivia y la República de Chile sobre Cooperación y Asistencia Jurisdiccional Internacional, arts. 7. b.

[39] Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, art. 4.2, parte final; Protocolo del Mercosur y Acuerdo entre los Estados Parte del Mercosur y  Bolivia y la República de Chile sobre Cooperación y Asistencia Jurisdiccional Internacional, arts. 7.c de ambos.

[40] Convenciones sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, art. 12 y sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, art. 7.

[41] Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, art. 3, párrafo tercero; Protocolo sobre Cooperación y Asistencia Jurisdiccional entre los Estados Parte del Mercosur; y Acuerdo entre los Estados Parte del Mercosur y Bolivia y la República de Chile, arts.13.

[42] En conformidad, V. Fairen Guillén, “Teoría del Ordenamiento Procesal”, Madrid, Ed. Tecnos, 1969, Tomo 2, pág. 899. En igual sentido, H. Alsina, “Tratado Teórico - Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial”, Buenos Aires, Ediar Editores, 1962, pág. 447, señala: “el Estado al asumir la función de administrar justicia prohibiendo a los individuos la autodefensa de sus derechos, no puede desentenderse del las consecuencias de la demora que necesariamente ocasiona la instrucción del proceso y debe por tanto proveer las medidas necesarias para prevenirlas..., tales son las llamadas medidas preventivas.”

[43] H. Davis Echandía, “Nociones Generales de Derecho Procesal Civil”, Madrid, Aguilar, 1966, págs. 143, 144.

[44] E. Couture, “Los Embargos y el Tratado de Montevideo”, Nota de jurisprudencia en Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración, Tomo XXXVII, Montevideo, 1999, pág. 247.

[45] Textos convencionales referidos a temas específicos de Derecho Internacional Privado también contienen regulaciones atinentes a cooperación cautelar de urgencia, tales: Convención Interamericana de Montevideo de 1989 sobre Obligaciones Alimentarias, art. 15; Convención Interamericana de México de 1994 sobre Tráfico Internacional de Menores, art. 16; Tratado de Montevideo de 1940 de Navegación Comercial Internacional, Título II, “De los abordajes”, arts. 10 y 11, en relación al derecho del acreedor a embargar a causa de abordaje y situaciones asimiladas; Acuerdos entre los Estados Parte del Mercosur y Bolivia y la República de Chile sobre Jurisdicción en Materia de Transporte Internacional de Carga, Decisiones CMC 11/02 y 12/02, arts. 6 de ambos, “Jurisdicción más próxima para medidas conservatorias o de urgencia”.

[46] Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, entre otros Estados, son Parte de la Convención Interamericana de 1979 sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares y con anterioridad, Argentina, Paraguay y Uruguay se habían vinculado por el Tratado de Derecho Procesal Internacional de 1940. Actualmente el auxilio cautelar internacional entre Uruguay, Argentina, Paraguay y Brasil, se brinda en la práctica judicial de la región en base a las disposiciones del Protocolo del MERCOSUR de Medidas Cautelares, excepto en materia de cooperación cautelar de urgencia, no contemplada por el texto mercosureño a causa de dificultades alegadas por Brasil para aceptar tal tipo de asistencia, razón por la cual y en base a lo dispuesto por el art. 26 del Protocolo, que aclara que el mismo no restringe la aplicación de disposiciones más favorables a la cooperación contenidas en otras convenciones en vigor entre las Partes, en situaciones que involucren entre sí a Argentina, Paraguay y Uruguay, las medidas de urgencia pueden ser dispuestas con fundamento en lo previsto por el art. 10 de la Convención Interamericana sobre el tema, vigente entre estos tres Estados.

[47] Actas de los Tratados de Montevideo de 1889, pág. 337.

[48] Lo cual supuso un importante cambio en la posición brasileña en la materia que hasta dicho momento era contraria a concretar convenios sobre este tipo de asistencia, tesitura reacia a la cooperación cautelar que en la jurisprudencia de dicho país aún mantuvo cierto predicamento por algún tiempo más. Tal, la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal de Brasil de fecha 3 de abril de 1997 respecto a una carta rogatoria librada por el Juez Nacional de Primera Instancia en Materia Civil n° 38 de Buenos Aires en relación al cual dispusiera: “O Protocolo de Las Leñas, “Protocolo de Cooperaçao e Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa entre los países do Mercosul” nao afetou a exigencia de que cualquer sentença estrangeira –a qual é de equiparar- se a decisao interlocutoria concersiva de medida cautelar -para tornarse exequivel no Brasil, ha de ser previamente submetida a homologacao do Supremo Tribunal Federal...”, Sepúlveda Pertence - Presidente y Relator. Posición que el Supremo Tribunal Federal ha sostenido aún luego de haber depositado Brasil el instrumento de ratificación del Protocolo de Ouro Preto el 18.3.97, así, Decisión de fecha 28.8.97 del Supremo Tribunal, respecto a carta rogatoria proveniente del Juzgado Letrado Nacional de Primera Instancia Civil Nro. 25 de Buenos Aires, solicitante de restitución y entrega del menor María Luis Pyrih. El Protocolo del Mercosur es el texto hoy invocado en el ámbito subregional en materia de cooperación cautelar, excepto en relación a medidas cautelares de urgencia dictadas.

[49] Objetivo básico de las medidas cautelares, como indica sólo de modo referencial: A. M. Brember, “La Cautela Procesal y sus Condiciones Específicas” en Anales de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de la Plata, Tomo XXIV, año 1965, pág. 135.

[50] Finalidad coincidente con la señalada por V. Fairen Guillén (nota 61), págs. 909 y sgts., que habla de procesos cautelares para garantizar la seguridad de las personas; procesos cautelares para garantizar la seguridad de los bienes -embargos, secuestros, inventarios, tasaciones, etc.- y procesos cautelares para garantizar obligaciones de hacer o dar cosa específica.

[51] Q. Alfonsín, (nota 24), pág. 172.

[52] D. Opertti, (nota 16), pág. 43.

[53] Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, art. 2, párrafo primero; Protocolo de Medidas Cautelares, art. 4.

[54] Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, art. 13. Protocolo del Mercosur, Decisión 27/94, art. 19.

[55] Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, adoptada en Montevideo Uruguay en fecha 05/08/79 y en vigor desde el 06/14/80. Departamento de Derecho Internacional, Organización de los Estados Americanos, Washington D.C. Esta Convención fue ratificada por el Estado boliviano mediante Ley Nº 1727 de 13 de noviembre de 1996.

 

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